Ocho años, suficiente

«Me encuentro en forma», fue la contestación de Rajoy a la intención de Ciudadanos de limitar los mandatos de los presidentes del gobierno ocho años y que, de aplicarse él, no podría repetir otro mandato. Albert Rivera, por su parte, puso la pelota en el tejado de los otros partidos de la oposición. “Saldrá adelante con el apoyo del PP o sin él», dijo instando al PSOE y a Podemos a apoyarla «porque no valen mítines y luego impedir las reformas democráticas que necesita España».

Sea como fuere, la iniciativa ya está en el Congreso . El partido naranja ha registrado en el Parlamento su Proposición de Ley para limitar el mandato del presidente del Gobierno y para sortear la posible inconstitucionalidad han introducido un matiz desde su propuesta inicial: se podrá ser candidato a presidente aunque se haya gobernado 8 años, si han transcurrido cuatro años. Esto es, si, por ejemplo, Rajoy se aparta una legislatura, podría volver a ser presidente.

Me reconozco una firme partidaria de la limitación de mandatos, y no sólo para la Presidencia del Gobierno sino para el ejercicio de cargos públicos donde, llegado el caso, se podrían, eso sí, introducir algunas excepciones. De hecho España ya tiene experiencia con eso aunque no se hiciera por ley. Aznar y Zapatero limitaron voluntariamente su mandato a ocho años y existe la limitación en varias comunidades autónomas como en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Murcia sin que eso haya supuesto mayores problemas. Limitar los mandatos en política hubiera evitado algunos de los bochornosos casos de corrupción que hemos conocido, donde los cargos públicos apoltronados en su sillón se han creído impunes para hacer y deshacer años y años a su libre albedrío. Una limitación así daría paso a sabia nueva para la política y esta dejaría de usarse como un seguro y confortable plan de empleo para toda la vida. La eliminación de los aforamientos, las listas abiertas, la limitación de mandatos entre otros son algunos de los métodos de limpieza de la vida pública que más aplauden los ciudadanos y por algo será. De hecho en las últimas encuestas encargada por diversos medios de comunicación el porcentaje de españoles que defiende la limitación es altísimo, roza el 80 por ciento y en eso coinciden los votantes de todos los partidos.

Está claro que la reforma constitucional, de ser necesaria, sería un importante obstáculo que en estos momentos, con el desafío de Cataluña en su momento más alto, no se podría sortear. Pero no está demás darle una vuelta a la modificación de la ley del Gobierno que es por lo que aboga Ciudadanos. Concretamente en su artículo 11 donde se puede introducir una nueva condición de ilegibilidad: "Para ser nombrado presidente del Gobierno se requiere, además de los requisitos del apartado anterior, no haber ostentado, de manera continua, el cargo durante ocho años, salvo que, desde el agotamiento del plazo, hubiese transcurrido otro de cuatro años. El agotamiento del plazo durante el desempeño del cargo, no será causa de cese", dicen. Ciudadanos ha tomado como hoja de ruta para esta propuesta la modificación que hizo el Gobierno de Rajoy en 2015 en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración. Consideran que así, y con la introducción de una rebaja de la firmeza con la posibilidad de volver a ser candidato pasados cuatro años, sortean cualquier atisbo de inconstitucionalidad.

Sea como fuere, es normal que en el PP existan recelos porque aunque a la ley no se le pongan nombres y apellidos de salir adelante Rajoy no podría volver a ser candidato y parece que es una forma rápida para laminar a un adversario. "No se permiten leyes con apellidos, pero es una ley aplicable y sólo hay que mirar cuándo empezó Rajoy a ser presidente y se encontrará la fecha de cuando incurriría en incompatibilidad", explicó Albert Rivera.

Como ha editorializado algún periódico estos días, ninguna proposición de ley debe correr el riesgo de ser interpretada ad hominem y aunque en Ciudadanos niegan tal personalización, admitiendo la posibilidad de que Rajoy pueda concurrir de nuevo a unas elecciones tras pasar una legislatura en barbecho el objetivo de quitarle de en medio es claro y evidente. Por eso y para evitar suspicacias deberían de ser los propios partidos políticos, todos, los que en sus estatutos estipularan una limitación real de mandatos de tal modo que los cargos públicos supieran a qué atenerse desde el mismo momento en que tomarán posesión del sillón. Muchos políticos no saben lo que es ganarse la vida fuera de la cosa pública y eso es muy malo, no sólo porque son incapaces de ponerse en la piel del ciudadano de a pie, sino porque le sitúa en un plano fuera de la realidad y se instalan en una especie de jaula de oro perjudicial para adoptar medidas que nos afectan a todos. Ocho años, dos legislaturas, es tiempo suficiente para mostrar lo que un político es capaz de hacer y, si no lo hace, mal asunto.