Empresas a la fuga

Escribo este artículo el día "D" pero antes de la hora "H", esas seis de la tarde en que Puigdemont puede dar un paso más en su camino hacia ninguna parte, con esa ensoñación que ahora llaman DUI. Salvo hacer una llamada a la responsabilidad de los políticos y también de algunos colegas periodistas que son colaboradores necesarios en esta locura, no puedo ni debo anticiparme a lo que va ocurrir, pero si podemos detenernos en analizar lo que está ocurriendo y el mundo económico es un fiel termómetro de cualquier situación. La inseguridad jurídica hace temblar a las empresas y eso es exactamente lo que está pasando.

“La relación de bancos y empresas que han abandonado ya su domicilio social catalán o están dispuestos a hacerlo tiene un valor de mercado que equivale a cerca del 50% del Producto Interior Bruto de Cataluña, lo que debilita de forma extrema cualquier proyecto de independencia. El PIB catalán supera actualmente los 210.000 millones, cerca de un 20% del de España, pero sólo las empresas con sede en Cataluña que cotizan en el Ibex valen en Bolsa más de 90.000 millones”. De este modo los periódicos recogían ayer el tema que más está preocupando a todos, menos a los cautivos de la CUP, ANC y sus secuaces cuyo objetivo es que todo salte por los aires. Claro que lo que no calculan es que esto lo notarán también ellos y sus familias... en sus bolsillos.

Colonial, Abertis y Cellnex se han sumado ya a CaixaBank y el Sabadell y a este grupo hay que unir empresas “a la fuga” del tamaño de Planeta, cuyo consejo de administración «ha acordado trasladar su domicilio social a Madrid si se produce una declaración unilateral de independencia», según un comunicado oficial. Catalana Occidente, la empresa de mensajería MRW o la sanitaria Adeslas son también marchas significativas. Sabemos que los asesores jurídicos han recomendado cambiar el domicilio social para proteger a la sociedad de cualquier legalidad paralela que intente imponer la Generalitat catalana o, al menos, advertir que la intención es salir en caso de independencia para frenar intentos de control posterior.

El otro día un buen amigo mío arquitecto de profesión, y un lector empedernido de prensa en todos los formatos, me envió un editorial de La Vanguardia -que cuestionaba levemente y leyendo entre líneas el despropósito de la hoja de ruta- con una pregunta añadida: ¿Esther, hay esperanza al desasosiego? Mi respuesta fue breve: “Lo que hay sobre todo es mucho miedo al corralito y la pela es la pela para La Vanguardia y para todos", le dije. Ya sabemos que el dinero es fundamentalmente miedoso y hasta la patronal Foment del Treball reconocía que hay «centenares de empresas» que están abandonando ya su sede catalana siguiendo la estela de la grandes. «Podrían ser miles» y además reconocía que se está produciendo fuga de
capitales: «En este entorno, numerosos clientes de fondos de ahorro y de inversión trasladan sus cuentas fuera de Catalunya», señalaban.

Pero no sólo son las multinacionales, las grandes compañías o entidades financieras están trasladando su domicilio social -y algunas también el fiscal- fuera de Cataluña, ya empieza a haber serios movimientos en empresas cuyos accionistas están vinculados a la oleada soberanista si finalmente, como parece, se da el pistoletazo de salida a la DUI. La multinacional de hemoderivados Grifols e Idilia Foods, fabricante de marcas como Colacao y Nocilla, ya ha dicho que dejarán Cataluña si se agudiza la inestabilidad política y como ellas otras muy conocidas, con lo que esta fuga de empresas puede llevar a la ruina a muchas familias. Dice un refrán muy castellano que “más vale tarde que nunca” pero si la clase política ha dejado que la situación se pudra hasta extremos inimaginables, los empresarios -salvo algunas heroicas excepciones- han estado callados con un silencio, en muchas, ocasiones cómplice. La pela es la pela y con ese principio han estado agazapados detrás de la situación confortable que les garantizaban algunos políticos de medio pelo. Ya veremos en qué acaba todo esto, pero el éxodo de empresas es un hecho y el daño a la economía catalana una realidad.