Castilla-La Mancha, en el Top 4 de las regiones con la renta por hogar más baja de España
La renta media por hogar en Castilla-La Mancha en 2022 se situó en los 27.664 euros, colocando a nuestra región en el cuarto puesto de las comunidades con la renta más baja, después de Andalucía, Canarias y Extremadura. La media nacional se encuentra en los 32.216 euros, hasta un 16 % más que la media de Castilla-La Mancha.
Según se desprende de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza -en 2022- se situó en el 26,1% en Castilla-La Mancha. Es la séptima región con la tasa más alta, mientras la media en el conjunto del país es del 20,4 %.
Otro indicador que preocupa es el de las ejecuciones hipotecarias. El pasado año se inscribieron en los registros de la propiedad 16.851 ejecuciones hipotecarias de viviendas en España, de las que 730 fueron de Castilla-La Mancha.
Desde UGT CLM, su secretaria de Empleo y Política Sindical, Isabel Carrascosa, ha mostrado su preocupación por unos datos que reflejan que hay que avanzar y mejorar las políticas activas de empleo, así como en la subida de los salarios.
“Aunque la reforma laboral ha dotado de mayor estabilidad a nuestro mercado laboral, todavía hay un grupo de población que nos preocupa especialmente y que sigue constituyendo gran parte de los colectivos vulnerables, hablamos de los parados de larga duración. Gran parte de las contrataciones que se realizan en nuestra región van dirigidas a personas que llevan menos de un mes en situación de desempleo, con lo que se pone de manifiesto que aquellos que llevan más de un año en el paro tienen muchísimas más dificultades para poder acceder al mercado laboral. Por eso hay que trabajar por mejorar y crear políticas activas que se centren en las personas y que, de manera individualizada, propicien la contratación de los parados de larga duración”, ha dicho Carrascosa.
Isabel Carrascosa también ha destacado la necesidad de trasladar los incrementos acordados en el nuevo AENC 2023-2025 a los convenios colectivos pendientes de firma, protegiéndose así el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. “De esta manera las familias tendrían mayor poder adquisitivo y, con ello, se reforzaría el consumo y la senda de crecimiento económico de nuestro país”, concluye.