Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves por unanimidad una Proposición no de Ley de los socialistas que insta al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos de las personas castellano-manchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros -35 personas actualmente- y que puedan cumplir sus penas en prisiones de España y de la región.

Esta Proposición no de Ley, que ha recibido el voto favorable de Podemos y PP, "muestra su parecer favorable" para que el Gobierno central lleve a cabo acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos españoles presos en las cárceles extranjeras y el traslado en el marco de los acuerdos bilaterales.

En caso de no existir estos acuerdos, el Parlamento castellano-manchego demanda que se realicen acuerdos diplomáticos individualizados entre España y el Estado de cumplimiento de condena para que puedan cumplir el resto de la condena en cárceles españolas, y en el caso de los ciudadanos castellano-manchegos dentro de la región.

El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos David Llorente ha sostenido que en las situaciones en las que personas de la región tienen que enfrentarse a penas de prisión en países extranjeros, es "importante" la actuación de las autoridades consulares, las cuales, ha criticado, "en muchos casos limitan su actuación a proporcionar una lista de abogados, generalmente de pago".

Afinamiento

Llorente, que ha apuntado que el 80 por ciento de las casi 1.500 personas de Castilla-La Mancha que cumplen condena en otros países se debe a posesión ilícita o tráfico de drogas, ha lamentado la actuación del servicio de orientación y jurídico para atender a estos presos en el extranjero, donde a veces hay situaciones de "precaria asistencia sanitaria o de afinamiento en cárceles".

"No podemos permanecer impasibles ante esta realidad. Nos parece oportuna y necesaria esta PNL que plantea la necesidad de llevar a cabo acciones para garantizar los derechos humanos de los españoles en el extranjero, así como aprobar un protocolo de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito", ha apuntado el diputado de la formación morada.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel González Caballero ha expuesto los casos de algunos castellano-manchegos afectados por esta situación,, como Nieves, una vecina de Tobarra (Albacete) que "no puede contactar con su familia porque está en una cárcel de Tailandia" o de Mónica, una vecina de Azuqueca de Henares (Guadalajara) que no ha podido regresar de Perú al salir de prisión "porque no podía pagar el viaje de vuelta".

En este sentido, el diputado socialista ha agradecido a la Fundación +34 por haber incluido este tema en la agenda política de las Cortes regionales y ha expuesto que el Parlamento no puede "mirar a otro lado" y espera que a través de estas reivindicaciones y el protocolo que se ponga en marcha, el Gobierno también aumenta las partidas presupuestarias para ayudar a estos españoles en cárceles extranjeras.

"Nadie dice que no se cumplan las penas, pero la finalidad es la reinserción social mediante la privación de libertad y no se puede consentir que a la pena se le añada un castigo cruel como el ostracismo y la miseria", ha señalado González Caballero, que ha aseverado que "Castilla-La Mancha no olvida a sus paisanos".

Sufrimiento de las familias

También la diputada del Grupo Parlamentario Popular Cortes Valentín ha explicado el apoyo de su formación a esta Proposición No de Ley lamentado "las condiciones precarias que están atravesando en cárceles extranjeras" estos castellano-manchegos. "Impactan los testimonios e imágenes de familiares que sufren, su lucha debe ser muy importante".

"Ensalzo la labor de asociaciones y de las diferentes organizaciones no gubernamentales que actúan en este ámbito. Gracias a su labor, muchos presos mantienen la ilusión de seguir viviendo con una buena calidad de vida", ha indicado Valentín, que ha remarcado la importancia de los tratados de traslado de presos que tiene España actualmente con 96 países.

También ha puesto en valor la labora del Gobierno de España en este sentido, pues ha señalado que en los últimos años ha conseguido el traslado a cárceles españolas de más de 450 ciudadanos españoles. "En nosotros está concienciar a la ciudadanía y poder contar con herramientas para solventar estas situaciones y evitar condiciones infrahumanas en este colectivo", ha concluido la diputada 'popular'.