El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana una inversión superior a los 600.000 euros para mejorar la gestión de 33 depuradoras de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, que dan servicio a 36 poblaciones.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha apuntado que esa inversión servirá para "mantener esas depuradoras en perfecto estado" y contratar a más personas, tanto jefes como encargados de planta, analistas y operarios, para mejorar y gestionar correctamente el mantenimiento de las depuradoras.

Además, en Toledo se ha aprobado un gasto de 1,3 millones de euros para el mantenimiento y explotación de los sistemas de abastecimiento de la Campana de Oropesa, Cuatro Villas y Gévalo, actuación de la que se beneficiarán, en época de verano, casi 30.000 personas.

Igualmente, Hernando ha informado de la aprobación de un gasto de 345.818 euros para restituir el colector de aguas residuales de Letur (Albacete), que quedó destruido tras las fuertes lluvias de 2010, que provocaron el deslizamiento de rocas que cayeron sobre colector.

A consecuencia de estos hechos, según ha comentado, las aguas residuales vienen emergiendo sin depurar y se vierten al terreno sin ser convenientemente tratadas, además de ser perjudicial para el medio ambiente, ya que afecta a una zona con gran valor paisajístico, así como al turismo y la economía.

El proyecto se terminó de redactar a finales de 2016 y ahora se adjudicarán las obras, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, estando previsto que finalicen a principios de 2018, ha destacado el portavoz, que ha resaltado esta actuación como ejemplo de la igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de dónde vivan.

Asimismo, Nacho Hernando ha resaltado que con estas actuaciones el Ejecutivo evidencia que "el agua en Castilla-La Mancha se cuida y se mejora su gestión; no despilfarramos, no derrochamos, lo que hacemos es darle la importancia que tiene a un bien que dentro de muy poco puede ser un bien de lujo, a menos que lleguemos a un acuerdo justo, necesario", consensuado con la Comunidad Autónoma y también de la mano del Gobierno de España.