Diez comunidades, las ocho gobernadas por socialistas, incluida Castilla-La Mancha, más la navarra y la catalana, han bloqueado este miércoles la distribución de fondos para políticas activas de empleo en 2017 como protesta ante la actitud del Ejecutivo que, a su juicio, ha querido "unilateralmente imponer su modelo".

"Queremos que la estrategia estatal cuente con el consenso de todas las comunidades autónomas y los agentes sociales" ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de la reunión de la conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en Madrid, ha informado una nota de la Junta,

En su opinión, los Servicios Públicos de Empleo han de fortalecerse con Presupuestos Generales del Estado y disponer de una financiación que permita contar con una estructura estable de plantilla "acorde con la importancia del desempleo en nuestro país y que nos permita converger con la media europea".

Un refuerzo que permitiría, según Franco, acometer otras medidas o líneas de actuación como la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo o la Agenda del Cambio del Sistema Nacional de Empleo.

Según ha explicado, "la estrategia debería respetar la autonomía de las comunidades en la gestión de sus competencias, renunciar a la imposición de modelos privatizadores e introducir fórmulas plurianuales de gestión que permitan mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo".

En el mismo sentido, ha pedido al Gobierno que "dialogue y consensue" con agentes sociales y comunidades una verdadera política de empleo "para asegurar una salida justa de la crisis".

De los once puntos programados en la reunión de la Conferencia Sectorial, a la que no ha asistido la ministra, Fátima Báñez, sólo en el último, sobre la distribución de fondos a las comunidades permitía el voto a los representantes de los gobiernos regionales.

Puntos más relevantes de la Conferencia

Para Franco, los tres puntos más relevantes de la Conferencia han sido la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, que el Gobierno pretende aprobar para los próximos cuatro años; el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017 y la distribución territorial de los fondos para políticas activas de empleo.

Sobre la Estrategia de Activación, ha opinado que "tiene muchas deficiencias" al no contar con suficiente financiación suficiente y no aludir a los jóvenes desempleados y parados de larga duración y tampoco ha estado de acuerdo con el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) al contemplar indicadores "poco solidarios".

"Hemos pedido votar en todos los puntos y planteado llegar a un consenso", ha declarado a su vez el consejero de Empleo de Baleares, Iago Nagueruela, quien ha justificado así esa "decisión sin precedentes".

Nagueruela ha afirmado que las comunidades autónomas no son "subcontratas" y ha lamentado que el PP prefiera "aguantar y ser fuerte antes que dialogar y consensuar".

La distribución de los 2.060 millones de euros para políticas activas de empleo queda así por el momento suspendida, aunque Nagueruela ha informado de que las autonomías convocarán una conferencia sectorial con carácter urgente para hablar de modelo de empleo y "volver a dialogar".

Sí se han aprobado los otros once puntos del orden del día, que no han sido sometidos a votación como reclamaban la mayoría de las comunidades autónomas.

La Sectorial también ha tratado el tema del "cheque-formación" -aprobado por Real Decreto el pasado 3 de julio-, y ha concluido que las comunidades autónomas ya lo pueden poner en marcha, siempre que realicen la consulta a las organizaciones empresariales y sindicales, delimiten los sectores en los que se aplicará e informen a la Conferencia Sectorial.

Nagueruela ha afirmado que "se ha hecho una interpretación del reglamento" para que las comunidades no puedan votar, y ha asegurado que la ausencia de la ministra, Fátima Báñez, en esta reunión ha sido "un desplante muy importante" hacia las autonomías.