La Junta responde al PP por qué ha concedido importantes ayudas a dedo

Ha sido durante la celebración de la Comisión Parlamentaria de Agricultura en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Lola Merino ha insistido en preguntar al viceconsejero por el procedimiento de solicitud voluntaria de los beneficiarios, ya que no se conoce cómo ha sido el procedimiento.

"El Partido Popular está con los agricultores. El plan de gestión es obligatorio, pero su contenido es decisión del Gobierno autonómico", ha dicho Merino, reclamando al Gobierno que explique la forma de conceder las ayudas.

En este punto, ha considerado que el Gobierno "quiere entregar a dedo 31 millones de euros a los que tienen derecho todos los agricultores". "Es la primera vez que se dan ayudas europeas así. ¿Tienen permiso de la Comisión Europea para hacerlo así?", ha preguntado.

En su primera respuesta, Portillo ha abundado en que "no es que la Unión Europea no se haya enterado de que son subvenciones directas, es que el Programa de Desarrollo Rural aprueba esta literalidad".

"Usted tiene la costumbre de no escuchar. La ley autonómica que desarrolla la ley estatal dice que se establecen por decreto. Se acabó la discusión. Usted no tiene razón y lo que dice no tiene ni pies, ni cabeza. Todo lo que dice es en base a una falacia", ha afeado a la diputada.

Merino, en su segundo turno de palabra, ha reiterado que el PDR "no es una ley", sino "un programa". "Si nos puede decir por qué son de carácter excepcional estas ayudas para otorgarlas a dedo, explíquelo".

Zonas ZEPA

Agapito Portillo ha dado detalles de la gestión de estas ayudas, recordando que son un total de 32 millones de euros los previstos en el próximo presupuesto para satisfacer las subvenciones a los agricultores de las 8 zonas ZEPA de la región, que abarcan 200.000 hectáreas.

Ha recordado que estas zonas son Mancha Norte, margen derecha del Gudarrama, este de Albacete, El Bonillo, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, San Clemente y La Campiña. De estas hectáreas, 185.000, el 92%, van a uso agrario, un 4% de los cuatro millones del total de la región.

Los pagos a los agricultores "sirven para compensar las medidas adicionales que tienen que tomar en estas zonas para respetar el hábitat de las aves".

Estas medidas adicionales pasan por rotar cultivos con barbechos, restricción de uso de semillas blindadas o la limitación de las labores mecánicas de trabajo en los cultivos.

Comisión

Para estudiar al detalle la concesión de ayudas y su utilización, Portillo ha explicado que se ha creado una Comisión de Seguimiento con representantes del sector que ya se ha reunido la pasada semana y la cual "augura que el plan será un éxito".

"Ya saben que durante la tramitación del plan de gestión se ha tenido una fluida interlocución", ha celebrado Portillo.

Podemos

El diputado de Podemos David Llorente ha considerado que "es posible conciliar la protección de la fauna con el desarrollo de una agricultura adaptada y sostenible", añadiendo que el plan de este Gobierno, si bien es "mejor que el de Cospedal", no llega a ser tan bueno como si lo hubiera ideado su grupo político.

El problema para los agricultores, según ha dicho, no son las zonas ZEPA en sí, sino "la configuración del sistema agroalimentario, controlado por un oligopolio que fuerza a vender a precios cada vez menos asumibles".

"Hay que enfrentarse a ese oligopolio industrial, eso garantizaría una distribución mas equitativa de los ingresos para que los agricultores puedan vivir mejor del campo", ha aseverado.

PSOE

La diputada del PSOE Carmen Torralba ha celebrado este plan de gestión de zonas ZEPA, "que da seguridad jurídica a los agricultores y que va a hacer compatible la actividad agraria con la protección del medio natural".

Para ello, ha recordado que es "imprescindible" mantener la agricultura, tras lo que ha recordado que la Orden del anterior Gobierno del PP que regulaba el sector "fue declarada ilegal porque quería burlar la normativa medioambiental".

A raíz de la sentencia que tumbó el TSJCM, ahora el PSOE "ha tenido que arreglarlo porque los agricultores se quedaron sin seguridad jurídica".