El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno central controlará los gastos de la Generalitat de Cataluña para evitar el desvío de dinero al referéndum del 1-O. Para ello, el Gobierno ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fin de que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".

El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el ministro de Hacienda quien lo adopte.

Montoro ha anunciado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar esta medida.