Gobierno y Autonomías se ponen de acuerdo para dar un espaldarazo a la dependencia

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado recuperar en los próximos años la financiación recortada al sistema de dependencia en 2012, cuando sufrió una merma del 15 %, y reintegrar en 2018 al menos el 5 % de lo perdido.

Lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Alicia García, durante un receso de la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el que están presentes todas las comunidades excepto Cataluña.

García ha resaltado el nivel de acuerdo sobre el informe elaborado por la Comisión para el Análisis de la Situación actual del Sistema de la Dependencia y de su sostenibilidad tras una decena de reuniones entre febrero y septiembre y fechado el 6 de octubre.

El documento concluye que "resulta imprescindible, para la sostenibilidad del sistema, la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la ley operada en 2012, lo antes posible y teniendo en cuenta que la economía española se encuentra en una fase de consolidación del crecimiento y creación de empleo".

Asimismo, las comunidades ven "absolutamente imprescindible" para la sostenibilidad del sistema tanto la recuperación presupuestaria como "la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las CCAA, logrando equiparar las aportaciones" al 50 %.

Acreditación de los profesionales

Por otra parte, García ha subrayado los avances en la acreditación de los profesionales que atienden la dependencia, de forma que para tener una acreditación excepcional a base de formación y horas trabajadas no será necesario ser mayor de 55 años.

También se va a otorgar una acreditación provisional a las personas que a 31 de diciembre de este año no reúnan los requisitos de la excepcional, con el compromiso de que cumplan esas condiciones en un plazo de tiempo.

Con fecha 31 de agosto de 2017, en España había 1.226.738 de beneficiarios con derecho, aunque solo recibían prestación efectiva 915.929, quedando en lista de espera 310.809, según el informe, que cifra en 7.986 millones de euros el coste del sistema a 31 de diciembre del pasado año.

Asimismo, considera que la dependencia "ha de caminar hacia un sistema basado en servicios, respetando la voluntad de las personas" en esta situación.

También cree necesario elaborar un "profundo análisis desde una perspectiva de género" para comprobar si la ley de dependencia, que ya ha cumplido diez años de vigencia, tiene en cuenta las necesidades específicas de las cuidadoras o si "se están reforzando los clásicos roles que por cuestiones de género se asignan en el sistema patriarcal".