El presupuesto regional de 2018 crece y mantiene inalterables los impuestos

El presupuesto de gasto no financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 sube un 2,7 % respecto al presente ejercicio y asciende a 7.609,7 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Francisco Ruiz Molina, ha presentado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2018 que ha aprobado el Consejo de Gobierno y que, si se incluye el gasto financiero, asciende a 9.219,1 millones, el 3,1 % más que este año, superando así la barrera de los 9.000 millones que no se pasaba desde 2010.

Ruiz Molina ha indicado que las cuentas están diseñadas para cumplir con el objetivo de déficit del 0,4 % marcado para el año que viene y ha resaltado que el proyecto de presupuesto se ha redactado desde el diálogo social y junto con Podemos que ahora forma parte del Gobierno regional, por lo que cuenta con "todos los mimbres" para poder entrar en vigor el 1 de enero de 2018.

Además de cumplir con el rigor que requieren las finanzas públicas, se destina más del 70 % del presupuesto no financiero a gasto social, un total de 5.197,4 millones, lo que representa un incremento del 3,5 % respecto al ejercicio anterior (176,9 millones más).

Ruiz Molina ha explicado que las cuentas se han realizado sobre un escenario de crecimiento económico de la comunidad autónoma similar al de España, tomando como referencia los datos del Ministerio de Economía que apuntan a un crecimiento económico del 2,6 %, unos datos "conservadores y prudentes", ha dicho el consejero.

También ha destacado que en 2018 se mantienen los impuestos igual que en 2017, cumpliendo los compromisos adquiridos.

Plan de Garantías Ciudadanas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha también ha aprobado el Plan Integral de Garantías Ciudadanas para 2018, que contará con un presupuesto de 143 millones de euros, lo que supone 24 millones más que en 2017.

El Plan impulsado por Podemos reserva 125,9 millones de euros para la garantía de rentas, 16,1 millones para la garantía habitacional y un millón de euros para los suministros básicos del hogar.

El departamento del Gobierno regional que más dinero gestionará para el desarrollo de este programa será el de Empleo, con 86 millones de euros; seguido del de Servicios Sociales, con 29,9 millones; Vivienda, 17,2 millones; Educación, 11 millones, e Igualdad, 0,3 millones de euros.

Tres grandes objetivos

Los tres grandes objetivos del presupuesto de 2018 son, según el consejero, avanzar en el estado del bienestar y en la prosperidad económica, con rigor en las cuentas públicas.

El presupuesto del año próximo posibilitará avances en educación como el pago del verano a los profesores interinos, la reducción de horas lectivas, inversiones en infraestructuras, mayor financiación de las universidades públicas y dotación del 1 % cultural.

En sanidad, el presupuesto permitirá la prestación farmacéutica subvencionada para los menores con discapacidad, inversiones en equipamiento tecnológico y en infraestructuras hospitalarias y centros de salud.

En bienestar social se aumentará el ingreso mínimo de solidaridad y habrá más residencias, más plazas de termalismo y más recursos y profesionales, así como transporte social para los mayores.

Los empleados públicos recuperan el 1,5 % salarial pendiente y se convocarán nuevas ofertas de empleo público.

El consejero he hecho hincapié en que la inversión en infraestructuras de carácter social sube un 17 %, con 13,4 millones más; y los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo crecen el 6,1 %, además, el Plan Integral de Garantías Ciudadanas contará con 143 millones de euros.

Comparación con el último presupuesto del PP

Lo ha comparado con el último presupuesto del gobierno del PP y ha resaltado que en tres años se ha aumentado un 12,3 %, en más de mil millones de euros, y el 80 % de estos nuevos recursos se han destinado a gasto social y económico.

El consejero ha señalado que el presupuesto de 2018 es la "tercera anualidad del plan de recuperación social y económica de Castilla-La Mancha" y que servirá para avanzar en el estado del bienestar, aprovechar el crecimiento económico y redistribuir la riqueza para mejorar la calidad de vida.

Ruiz Molina ha llevado el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes regionales para comenzar la tramitación parlamentaria.