Castilla-La Mancha, territorio clave para la recuperación del lince ibérico

Los distintos trabajos de recuperación y conservación del lince ibérico que comenzaron en Andalucía el año 2001 han posibilitado ya la suelta de 214 ejemplares al medio natural, 22 de ellos en Castilla-La Mancha, lo que está permitiendo recuperar la especie en la Península Ibérica.

Hasta 2015 fueron 126 los linces liberados, 83 en zonas de reintroducción en Andalucía, 22 en Castilla-La Mancha, 12 en Extremadura y 9 en Portugal, según la información del Life Iberlince consultada por Efe.

Los años 2016 y 2017 han sido, hasta el momento, los periodos con mayor número de sueltas en el territorio peninsular, con 48 y 40 ejemplares, respectivamente, lo que han hecho engrosar el número de animales trasladados al hábitat natural hasta los 214.

Una cifra que a lo largo de 2018 se incrementará hasta los 245, ya que la comisión de seguimiento del proyecto Life+Iberlince acordó, a finales del mes de noviembre, la reintroducción de otros 31 ejemplares, 16 machos y 15 hembras.

Hasta el momento, los factores claves para el éxito de la reintroducción han sido los trabajos desarrollados dentro de los proyectos LIFE anteriores a Iberlince que permitieron consolidar las poblaciones existentes e iniciar las reintroducciones, el éxito del programa de conservación 'ex-situ', y la participación y apoyo social directa en la conservación a través de los convenios de colaboración con los propietarios de fincas y las sociedades de cazadores.

Las tareas, a partir de ahora, además de seguir contribuyendo a incrementar la presencia de la especie en el medio natural, se centrarán en propiciar las conexiones de las poblaciones de lince ibérico existentes en Andalucía con las creadas en los últimos años fuera de la comunidad para lograr un intercambio genético fluido natural.

Este objetivo va a centrar el nuevo Life que para esta especie se pedirá a la Unión Europa próximamente.

El proyecto europeo Life+Iberlince cuenta con 22 socios, de dos países (España y Portugal) y cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia), así como ONG y empresas privadas.