El Tribunal de Cuentas pide que se acelere la rúbrica del contrato-programa entre la Junta y la Universidad

El Tribunal de Cuentas considera que debe "acelerarse" el marco de financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para los próximos años mediante un contrato-programa con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El informe de fiscalización de la UCLM del ejercicio 2015, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, incide en la "labor de tutela" que tienen las comunidades autónomas hacia las universidades teniendo en cuenta que desde 2015 estas entidades pertenecen al denominado sector público institucional. En este sentido, el Tribunal de Cuentas incide en la "disposición" de la UCLM y de la Junta para adoptar las "acciones necesarias" para cumplir la ley, en concreto la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Pide que se llegue a un acuerdo rápido

En cuanto a la financiación de la universidad, el Tribunal de Cuentas evidencia en su informe la "voluntad" del Gobierno regional, plasmada en el presupuesto autonómico de 2017, de establecer marcos de financiación para los próximos años en base a contratos-programa.

Pero añade que "se estima oportuno que se acelere en la medida de lo posible su definitiva implementación" y que, al mismo tiempo, la UCLM elabore programaciones a medio o largo plazo a incluir en su plan estratégico "con los ajustes necesarios" y de acuerdo con los objetivos establecidos para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la región. 

Otra "recomendación" del Tribunal de Cuentas a la UCLM es sobre paridad, para que posibilite la composición paritaria en las comisiones de valoración de los concursos convocados para docentes universitarios. También estima que la universidad debe realizar las medidas oportunas para considerar a la Fundación General de la UCLM como dependiente y posibilitar su control a través del Consejo Social.

Además, incide en que los órganos de contratación deberían justificar "de una manera precisa y concreta" la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados ya que "sigue sin justificarse suficientemente" la necesidad de la "mayoría" de los contratos que han sido analizados. Cabe recordar que en el ejercicio 2015 la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó un límite de gasto de 252,5 millones de euros que no superó.