El Tribunal Constitucional suspende la "ley antifracking" impulsada por Page en Castilla-La Mancha

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso contra "ley antifracking" de Castilla-La Mancha de medidas de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, y ha suspendido su vigencia.

Una decisión que ha adoptado el Pleno del alto tribunal, que ha decidido suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por el Gobierno, en concreto el artículo 3, las disposiciones transitorias Primera y Segunda y la disposición Final Primera de esa ley, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de marzo.

La ley faculta a la comunidad autónoma a elaborar un plan para ver qué zonas se pueden usar para el "fracking", lo que a juicio del Gobierno, supone una vulneración de la ley del Sector de Hidrocarburos y la ley de Evaluación Ambiental.

Según el Ejecutivo, la comunidad autónoma no puede regular un "Plan estratégico" porque las competencias sobre hidrocarburos y medioambiente pertenecen al Estado.

El TC da un plazo de quince días a las partes para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Una ley aprobada el pasado mes de marzo

Fue el pasado 9 de marzo cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, el proyecto de ley que en la práctica impide el fracking en la región, con lo que se convierte en la quinta comunidad autónoma que regula la fractura hidráulica.

La ley "antifracking", que fue impulsada por el Consejo de Gobierno, incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones.

La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial, que tiene un periodo de elaboración de 18 meses y que posteriormente será aprobado por el Consejo de Gobierno, un plazo que fue fijado a raíz de una enmienda de Podemos que fue apoyada por el PSOE.