El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, acerca del mapa de titulaciones que la Universidad de Castilla-La Mancha, ha calificado la actuación del rector, Miguel Ángel Collado, de "inaudita" y ha criticado que éste haya ido a "mercadear, que no a negociar, con apenas tres alcaldes", además de no contar con el consenso de la comunidad educativa.

"Pero es que además también lo ha hecho a espaldas del Gobierno al que luego reclama la financiación", ha añadido. Hernando ha señalado que "es empezar la casa por el tejado, el traicionar un mapa de 2010 que para nosotros es la primera piedra del proyecto que queremos seguir construyendo para la Universidad".

De esta manera, el portavoz regional remarcado que "el rector, que no la Universidad, porque a la institución hay que defenderla, lleva a cabo una actuación negligente en lo que se refiere al futuro y a la sostenibilidad de la UCLM y, por lo tanto, no vamos a aceptar que el mapa de titulaciones, que es una traición a la comunidad educativa, salga de esta manera".

A este respecto, ha asegurado que el interés del Gobierno del presidente García-Page es la defensa de la institución académica dentro y fuera del sistema educativo, "de aquellos que hicieron el mayor recorte de la historia de la Universidad" y de los que, desde dentro, "dan la espada a cientos de profesores e investigadores que lo único que quieren es aportar su enorme y pequeño granito para que la Universidad tenga futuro". Por eso, ha remarcado, "no vamos a permitir que nadie ataque nuestra universidad".

El PP habla de un "grave ataque" a la UCLM

Sin embargo, la diputada 'popular' Carolina Agudo ha considerado "intolerable" el "grave ataque" que el presidente regional está haciendo a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para "intentar tapar sus vergüenzas", convencida de que él es "el mayor riesgo reputacional" de la institución académica, así como "el enterrador" de la misma.

Sobre el déficit de 25 millones de euros que tiene la Universidad, ha señalado que "son fondos europeos pendientes de venir que se han retrasado" y cuyas certificaciones tiene que firmar el Ejecutivo autonómico, al que ha exigido "dotación" para el contrato-programa.