Piden que se derogue la ley más perjudicial para los empleados públicos de Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta y a los grupos políticos que componen las Cortes regionales la derogación de la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos ya que, ha asegurado, "sigue bloqueando derechos fundamentales a los empleados públicos de Castilla-La Mancha".

El presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, que ha estado acompañado por la presidenta del sector de Sanidad de CSIF en la región, Sacramento Rodríguez, y su homólogo del sector de Educación, José Antonio Ranz, ha pedido públicamente "el fin de la conocida como 'ley Cospedal'", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Julio Retamosa ha señalado que "su fundamento se basó en criterios de ajuste de déficit como solución a la crisis, pero tras seis años de esfuerzo y sacrificio por parte de los trabajadores de la Función Pública siguen sin producirse avances en la recuperación de derechos y reversión de recortes". Por ello, CSIF ha remitido a los diferentes partidos que componen las Cortes autonómicas una misiva en la que se enumeran los derechos perdidos con esta ley.

Retamosa ha recordado que, entre otros aspectos, la jornada laboral de 37,5 horas semanales que instauraba esta ley sigue vigente y a pesar de que compete al Gobierno central el retorno a las 35 horas semanales, ha considerado que "los ejemplos de Andalucía y Extremadura son pruebas de que es posible alcanzar acuerdos en los diferentes ámbitos autonómicos".

La central sindical ha incidido en que en el apartado económico "los empleados públicos están muy lejos de alcanzar el nivel adquisitivo previo a la crisis", afirmando que la pérdida salarial acumulada en estos seis años "es de un 16,5% y el Gobierno regional sólo ha planteado una subida del 0,5% en 2019".

Respecto a los derechos laborales, el mayor impacto se produjo en el área sanitaria. "Los profesionales del Sescam continúan con la carrera profesional paralizada, que produce un trato de desigualdad retributiva entre empleados que prestan los mismos servicios. Asimismo, el personal interino no cobra la carrera profesional en Castilla-La Mancha", ha manifestado Sacramento Rodríguez.

Tampoco se sustituye a los trabajadores de todas las categorías sanitarias y no sanitarias desde el primer día, lo que provoca "mermas importantes" en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

El ejemplo de otras comunidades

Mientras José Antonio Ranz ha criticado que en educación se lleva a niveles máximos la horquilla de horas lectivas, de 20 horas en Enseñanzas Medias y 25 en Primaria. "Ello ya ha sido solucionado en comunidades autónomas como Castilla y León o Andalucía, donde la jornada semanal se ve reducida hasta las 19 horas en Enseñanzas Medias", ha señalado Ranz, que ha añadido que "la forma de actuar de esta Consejería, como herencia de la anterior, ha llevado a la tasa de precariedad laboral más alta del estado español, con un 42,3% de medias jornadas".

El presidente del sector de Educación ha manifestado que se hace necesaria una bajada de ratios para llegar a los números anteriores a los recortes "y ello no se contempla ni durante este curso ni para el siguiente, lo que sin duda afecta negativamente a la calidad de la enseñanza pública de la comunidad".

Por todo ello, Julio Retamosa ha hecho hincapié en que "CSIF vuelve a exigir la derogación de una ley, así como de la ley 6/2012 de acompañamiento del Plan de Garantía, que continúa castigando a los empleados públicos de Castilla-La Mancha", y ha demandado "la unidad de todas las fuerzas políticas en este ámbito tan importante para la Función Pública de la región".