El Gobierno de Castilla-La Mancha ha citado el día 27, el 28 o el 29 de este mes como fechas en las que se va a aprobar el próximo trasvase del Tajo al Segura y se ha aventurado a añadir que esa derivación "ni siquiera será en relación al agua que hay sino a la previsión de lluvia a futuro, como ha ocurrido en otras ocasiones". Así lo ha indicado en rueda de prensa este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, que ha asegurado que se aprovechará la Semana Santa "para aprobar un trasvase que en realidad les avergüenza pero que les tiene atados de pies y manos" y que supondrá "un gran agujero" en la predisposición a llegar a un acuerdo nacional.

A su juicio, un "paso adelante" sería plantear ayudas concretas para que las desaladoras sean tan baratas como el agua del trasvase, algo que podrían conseguirse a través de los Presupuestos Generales del Estado, lamentando el "inexplicable compromiso con una infraestructura que solo puede generar más problemas" y que solo supone un "atajo y un parche". Por otro lado, preguntado sobre la propuesta de Pacto del Agua que el ejecutivo del Partido Popular le ha enviado al Partido Socialista, según ha publicado la Ser, Hernando ha señalado que ese documento es "muy tímido" y recoge un "planteamiento ambiguo" que "no corresponde ni responde a la urgencia de la situación actual" del Tajo ni de otros ríos que pasan por Castilla-La Mancha.

"Exigimos, solicitamos una concreción mayor que lo que realmente diga es que vamos a abordar un problema estructural de este país con soluciones en profundidad y no solo un planteamiento de buenas intenciones. Esto no puede quedar en una Proposición no de Ley sino ser un reglamento serio", ha puntualizado el portavoz regional, que ha remachado que "no estamos para documentos literarios ni planteamientos figurativos sino para escuchar, consensuar y ser copartícipes de soluciones que pasan por apostar por las desaladoras" reduciendo trasvases.

Finalmente, respecto a la decisión de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de no asistir a la gala de entrega de los Premios por el Día Mundial del Agua por no sentirse valorados, el portavoz del Ejecutivo regional ha indicado que a este colectivo "siempre se les ha valorado en su justa medida, como copartícipes de un éxito que ha sido de toda Castilla-La Mancha". Dicho esto, ha considerado "importante" que se ponga el foco "sobre la importancia que tiene que en la Unión Europa, que la derecha parlamentaria europea, al contrario que la española en el Parlamento europeo, apoya las tesis, la preocupación de Castilla-La Mancha en lo que se refiere al Tajo".

Si los miembros de la Plataforma deciden no venir "están en su perfecto derecho", ha añadido Hernando, quien ha incidido, no obstante, en que esa ausencia "será aplaudida por aquellos que quieren mantener y blindar el trasvase Tajo-Segura y en Castilla-La Mancha lo que hace falta es unión; lo que no necesitamos es que cada uno vaya por su cuenta y que todo se tome a la tremenda. Me gustaría tener la misma unidad que tiene Murcia, porque solo entonces hablaremos por una voz, la voz de todos", ha expresado.

El Gobierno central

El Gobierno central, por su parte, ha apuntado a los trasvases de agua entre cuencas como solución a los déficit hídricos de algunas de ellas, aunque ha incidido en la importancia de un consenso suficiente para dar respuesta a largo plazo y de garantizar siempre la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso. Así se pone de relieve en un documento, cuyo contenido ha sido adelantado hoy por la Cadena Ser, que el Gobierno ha compartido con el PSOE para avanzar en las negociaciones de un Pacto Nacional del Agua, en el que se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las transferencias de agua entre cuencas.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, asevera que los nuevos trasvases contarían con una regulación tanto técnica como jurídica y económica, e insiste en la necesidad de ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas aquellas infraestructuras "convencionales y no convencionales" que aumenten las garantías para satisfacer las demandas de agua en un escenario de cambio climático.

Entre las medidas que plantea el documento que el Ejecutivo ha enviado al PSOE figuran la de poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes o promover el uso eficiente del agua y el ahorro en todos los sectores y en el uso doméstico. Señala en este sentido la importancia de poner en marcha esas medidas de ahorro y eficiencia en la agricultura como principal consumidor de agua, "adaptando la agricultura de regadío a los nuevos desafíos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector".

Un borrador

El documento, que el Gobierno ha enviado como "borrador", apuesta por impulsar los trasvases para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca, con el objetivo de disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar más eficientemente desde cualquier punto.

Respecto a los trasvases que ya están en funcionamiento en España, el documento plantea avanzar en la creación de la comisión de gestión para cada una de las transferencias, para disponer de un órgano que dé mayor transparencia a su gestión. En la actualidad existen varias transferencias "que es preciso ordenar", como el Bitrasvase del Ebro o la transferencia del Guadiana a las cuencas internas del Tinto-Odiel-Piedras, de la que parte el trasvase de esa cuenca interna a la del Guadalquivir.

Asevera el documento que, el ámbito de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático son "más severos y evidentes" y que la reducción de los recursos será más grave a medida que avance el siglo, y que el periodo 2070-2100 las reducciones de escorrentías podrían ser de hasta el 24 por ciento. Tras analizar los avances que se han producido durante los últimos años en materia de gestión del agua, el Gobierno considera que éste "es quizá el momento más adecuado para impulsar un gran acuerdo político por el futuro del agua".

Considera que ese Plan debería definir una política de Estado "integradora, consensuada y solidaria, con vocación de continuidad a largo plazo" y que asegure el equilibrio, la protección ambiental del medio hídrico "y la atención a las demandas en todo el territorio nacional". Desde que en marzo de 2017 -recuerda el documento- se presentara en el Consejo Nacional del Agua la "hoja de ruta" para avanzar en ese objetivo, representantes del Gobierno han celebrado más de 120 reuniones con todos los implicados en la gestión del agua.

El documento incide en los aspectos medioambientales y en la necesidad de identificar los espacios emblemáticos para garantizar una protección a largo plazo de determinadas masas de agua asociadas a los mismos, como Doñana, el Delta del Ebro, el Mar Menor, las Tablas de Daimiel, la Albufera de Valencia o la reserva de Urdaibai en el País Vasco. Señala también la transcendencia de avanzar en la mejora de los caudales ecológicos para la preservación de los ecosistemas y mejorar la salud de los ríos y, en la puesta en marcha "efectiva" de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones.