Castilla-La Mancha estima que va a necesitar entre 1.100 y 1.200 millones de euros adicionales al año en el nuevo modelo de financiación autonómica para alcanzar el nivel medio de prestación de los servicios públicos que son de su competencia de las comunidades autónomas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado a conocer en rueda de prensa un informe que ha elaborado este departamento, en el que se hace esta estimación tras analizar el periodo comprendido entre los ejercicios de 2012 y 2015.

En el estudio, y tras analizar distintas variables, se establece que la infrafinanciación con el actual sistema de financiación autónomica fue de 892,64 millones de euros en 2012 a 1.549, 5 millones de euros en 2015, ha indicado el consejero.

Asimismo, ha apuntado que si se extrapola al periodo que lleva vigente el actual sistema de financiación autonómica, que se inició en 2009, la merma de recursos para Castilla-La Mancha ha sido de unos 8.000 millones de euros hasta 2015, lo que, según Ruiz Molina, pone de manifiesto la urgencia para la comunidad autónoma de que se negocie un nuevo modelo.

También ha avanzado que Castilla-La Mancha reclamará que el reparto de los recursos se haga en su totalidad de acuerdo con la población real ajustada, ya actualmente solo se distribuye con estos criterios el 75 por ciento.

El coste de prestar los servicios públicos fundamentales

Se hace además con unas variables que, en el caso de Castilla-La Mancha, no reflejan el coste que supone prestar los servicios públicos fundamentales como la sanidad o la educación, ha advertido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.

Eso implica ponderar más las variables de superficie, dispersión de la población, los estratos de población y abordar el problema de despoblamiento que sufren determinadas comunidades autónomas.

En este sentido, ha explicado que una de las causas que insuficiencia de recursos es que éstos no se distribuyen con arreglo a las necesidades y de los costes de la prestación de los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas.

Así, no se refleja el mayor coste que supone en algunas comunidades prestar los servicios públicos fundamentales, principalmente la sanidad y la educación, lo que se pone de manifiesto en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que tiene una gran extensión y una gran dispersión poblacional.

Ejemplos concretos

Como ejemplo de la diferencia de costes en la prestación de los servicios públicos, Ruiz Molina se ha referido a la provincia de Guadalajara, en la que la prestación sanitaria en atención primaria cuesta cuatro veces más por tarjeta sanitaria en la zona de Molina de Aragón que en un centro de salud de la capital.

Lo mismo ocurre en el caso de la educación, ya que mientras que el coste por alumno en un colegio de la capital es de cerca de 2.700 euros, éste aumenta hasta más de 6.100 euros si se trata de un centro en Atienza, en la zona de la Serranía.

Esta relación puede hacerse extensiva a otras zonas del territorio castellano-manchego, ha apuntado Ruiz Molina, que ha subrayado que cuesta más prestar la atención sanitaria en la provincia de Cuenca, que en un solo municipio de Madrid como Fuenlabrada, por la concentración de la población.

Mecanismos de compensación

Por otra parte, Ruiz Molina ha adelantado que va a proponer al Estado que se establezcan mecanismos que puedan compensar a la región de la merma de recursos de todo el periodo de financiación de 8.000 millones de euros, lo que se podría calificar como una deuda histórica como consecuencia del mal funcionamiento del modelo.

Se puede hacer de varias formas, bien mediante el reconocimiento de lo que podría ser una deuda histórica o con mecanismos como una reestructuración de la deuda viva que tiene Castilla-La Mancha actualmente y que ronda los 14.000 millones de euros, que podría hacerse por medio de una condonación de intereses o alargando los plazos de amortización de la deuda actual.

Podría convertirse la deuda que se mantiene con el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en que se viene a considerar como una deuda perpetua, alargando el periodo de amortización a unos 40 años, ha añadido.

El PP propone "un gran acuerdo"

Sobre este asunto, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales ha abogado por "un gran acuerdo " en materia de financiación autonómica que sea "satisfactorio" para Castilla-La Mancha.

A preguntas de los periodistas sobre la rueda de prensa que ha ofrecido Ruiz Molina, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Francisco Núñez, ha destacado la necesidad de llegar "al consenso".

Ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con 1.012 millones de euros más que en el último presupuesto de la expresidenta María Dolores de Cospedal y ha dicho que "buena parte de ello" es debido al aumento de la financiación que llega del Gobierno de España.

De igual modo, ha señalado que el sistema actual es el que aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que "el modelo que se está criticando es el modelo del PSOE".

"El PP quiere y desea que seamos capaces, todos, de llegar a un acuerdo en lo que a financiación autonómica se refiere" y que este sea "satisfactorio" para Castilla-La Mancha, ha sentenciado.