La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha formalizado ante la Consejería de Educación un requerimiento para que deje de aplicarse en la región el Real Decreto-Ley 14/2012, de racionalización del gasto educativo. Este requerimiento al gobierno regional se hace tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por CCOO contra el Ministerio de Educación por la aplicación del mismo.

En el escrito, CCOO reclama la derogación o suspensión de este Decreto porque el propio texto legal establecía que las medidas recogidas eran temporales, transitorias y con una finalidad económica concreta. "Seis años después, y en un contexto de crecimiento económico, su aplicación habría dejado de tener justificación", señala el sindicato en nota de prensa.

Para el sindicato, el decreto 14/2012, conocido como "el de los recortes en educación", y que se sigue aplicando en casi todas las Comunidades Autónomas, "supuso el mayor golpe que ha sufrido el sistema educativo público español en toda la historia de la democracia". "Entre otras medidas de carácter excepcional, el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada lectiva docente, restringió las sustituciones de profesorado de baja, a y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional".

Dicen que supuso el despido de 6.000 docentes

En Castilla-La Mancha, afirma que la aplicación de este decreto supuso el despido de más de 6.000 docentes de la red de centros públicos, la masificación en las aulas, la desatención de grupos de alumnado durante semanas porque no se podían cubrir las bajas y la sobrecarga de trabajo de todo el profesorado.

"A día de hoy la mayoría de medidas siguen vigentes en nuestra Comunidad y desde el Gobierno regional sólo han suavizado algunas, razón por la que CCOO reclama también a la Consejería que deje de aplicarlo, dado que ya ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por no existir las circunstancias extraordinarias que se alegaban para su aplicación", ha señalado.

Por todo ello, en defensa de la educación pública y de las condiciones laborales y educativas de docentes y familias, Enseñanza CCOO de Castilla-La Mancha requiere a la Administración castellano-manchega a que regule el proceso acorde al ordenamiento jurídico, de modo que las medidas tomadas en el Real Decreto-Ley 14/2012 dejen de ser aplicadas.