Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves por unanimidad la ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, una normativa novedosa, no solamente en el conjunto de España, sino en el conjunto internacional. Esta ley, que ve la luz en el día en el que se cumplen tres años de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, "marcará un antes y un después en España".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha dado las gracias "de corazón" a todos los que han apoyado de forma constructiva esta ley y ha confiado en la ayuda del sector y de los grupos parlamentarios para desarrollarla "y profundizar y avanzar en ella". Un texto que, como ha confesado, surge de la escucha del "temor" y el "miedo" de muchos familiares de personas con discapacidad sobre lo que ocurría cuando ellos no estuvieran, algo que le "caló en la cabeza", especialmente al oír a una familia de Apanas, con la que espera reunirse en las próximas semanas.

"Tomé la decisión personal y política de proponer que algo había que hacer", ha señalado el presidente autonómico, que ha aseverado que cuando esos familiares ya no estén "estará Castilla-La Mancha. Estará esta región, y estará jurídicamente", ha detallado, con un texto "que no tendrá limitación presupuestaria, porque tendrá que ir por delante de otras prioridades".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha asegurado que la ley de protección y apoyo para personas con discapacidad es "un éxito de toda la sociedad" que marcará "un antes y un después" en la defensa de sus derechos, por ello ha confiado en que sea aprobada por unanimidad. De este modo se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en el pleno de las Cortes, que este jueves debate y vota el proyecto de ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, que tiene el objetivo de articular un sistema de planificación de apoyos destinado a las personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal a la hora de tomar decisiones.

"Hoy es un día histórico para la región", ha subrayado la consejera de Bienestar Social, quien ha añadido que esta norma nace de "la necesidad y angustia" de muchas familias que tienen a su cargo a personas con discapacidad y sale adelante gracias a la voluntad del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. Sánchez ha agradecido la colaboración y el trabajo de todo el movimiento asociativo para que esta ley vea la luz y, en particular, a Cermi, que con carácter previo preparó un informe que ha servido "de base" para la elaboración de esta norma.

Según la consejera, "es una ley clara, sencilla, oportuna y novedosa en el conjunto nacional e internacional", que está compuesta por 19 artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales, y es "fruto del diálogo y del compromiso del Gobierno regional", ha apuntado. "A través de esta ley, pionera en toda España, se dará protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad y tranquilidad a las familias", pues es "una respuesta a la preocupación de muchos padres y madres que piensan en el futuro de sus hijos cuando ellos falten", ha agregado Sánchez.

Ha señalado que, con ella, se da "un paso más" en la Ley de Dependencia y en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que éstas tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que, para ello, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a los apoyos que pueda necesitar. En este punto, ha indicado que hace apenas unas décadas las personas con discapacidad eran "extrañas" para la sociedad, pero ha resaltado que, entre todos, se está "haciendo cambios importantes para construir un mundo de igualdad".

Ha destacado que a partir de ahora se les da voz, ya que tendrán derecho a planificar anticipadamente su futuro cuando no estén sus familias, al tiempo que ha explicado que se pretende que el recurso de la incapacitación sea "el último". No obstante, ha especificado que "si es necesario recurrir a este proceso, la comisión de tutela de Castilla-La Mancha asumirá el cargo tutelar encomendado judicialmente, en caso de que no puedan encargarse los familiares". La consejera ha precisado que esta ley tiene dos "grandes" objetivos: el sistema de apoyo y la garantía de apoyo residencial.

El primero abarca planes personales de futuro a semejanza de la declaración de voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, en las que se pondrán de manifiesto las preferencias futuras de las personas con discapacidad cuando sus familiares falten.

Para ello, se crearán unidades de orientación y apoyo, conformadas por agentes mediadores. El segundo objetivo establece la garantía de preferencia de acceso a la red de recursos de la Junta, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones en su toma de decisiones no cuente con apoyos familiares.

El presupuesto de 2018 para el desarrollo de esta ley asciende a cinco millones de euros, que conllevarán la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 residenciales para personas con trastorno mental. Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, en concreto, 35.716, que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.

PP y Podemos