El Gobierno de Castilla-La Mancha, 'ángel de la guarda' de cerca de 1.200 personas

La directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, se ha reunido con las entidades tutelares de Castilla-La Mancha para estudiar la puesta en marcha de medidas que mejoren la atención de las personas adultas de la región tuteladas por la Administración autonómica. En la actualidad hay en la región alrededor de 1.200 personas adultas tuteladas, el doble que en el año 2010.

Se trata de un encuentro del Grupo Técnico de Mejora de la Acción Tutelar en el que han participado representantes de Futucam, Fundación Madre, Fundación Mayores, Fundación Familia, Fundación Sociosanitaria y Fundace, así como empleados de la Consejería de Bienestar Social y de las direcciones provinciales de este departamento, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Durante la reunión, se ha analizado la situación de la tutela de adultos en Castilla-La Mancha y se ha incidido en la necesidad de que se tomen medidas que mejoren la atención de los actores implicados, "en la búsqueda de modelos convergentes de futuro y en la mejor atención de estas personas que han visto modificada su capacidad de obrar tras sentencia judicial y que, por carecer de familiares o no ser idóneos, son atendidos por la Administración regional en colaboración con las distintas entidades tutelares", ha explicado Saavedra.

Con ello, se ha acordado la constitución de diez equipos de trabajo que elaboren diferentes documentos y protocolos de actuación "con el objetivo de avanzar en la óptima prestación de este servicio, buscando los máximos estándares de calidad posibles", ha explicado.

1.200 personas adultas tuteladas

Actualmente, hay en la región alrededor de 1.200 personas adultas tuteladas, el doble que en el año 2010, lo que supone que siete de cada 10.000 adultos de Castilla-La Mancha están tutelados por la Administración.

De ellos, un 81,5% no cuenta con el apoyo de una pareja, un 69 % ha perdido a sus dos progenitores y más del 80% carece de hijos, mientras que sus ingresos apenas superan los 10.000 euros anuales y un 77% se encuentra institucionalizados en centros públicos o privados.