La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá este jueves para analizar la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del río castellanomanchego, y dictaminar sobre un desembalse en septiembre.

Así lo ha anunciado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, antes de reunirse con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

Los pantanos de cabecera almacenaban el 1 de septiembre unos 610 hectómetros cúbicos, por lo que se sitúan en el nivel 3 que fija el memorando del trasvase, al igual que el pasado agosto, cuando se decidió desembalsar 20.

La comisión remitirá su informe a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada de tomar la decisión.

Los ribereños piden una auditoría a la ministra

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía han reclamado una auditoría de los regadíos del Levante a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que "se cuantifiquen las balsas de riego particulares y se saque a la luz oficialmente cuantas hectáreas de regadío se han añadido ilegalmente desde 1986".

En nota de prensa, han expresado su deseo para que toda España conozca con "luz y taquígrafos" la realidad tras las exigencias del Gobierno murciano, la Confederación Hidrográfica del Segura y los regantes del SCRATS.

"El primer paso para terminar con el Trasvase es que toda España conozca la caradura que tienen los aguatenientes de la agricultura industrial del Levante. Si al Ministerio de Transición Ecológica le importan algo el río Tajo, el Segura o el Mar Menor, está en sus manos sacar a la luz la verdadera fuente del problema; porque en Murcia no falta agua, sobran caraduras que se hacen ricos con el patrimonio de todos los españoles, garrapatas que ahora exigen más dinero cuando llevan años chupando del Estado e hipotecando el patrimonio nacional", han sentenciado desde la asociación.

Según señalan, "es un secreto a voces" que, desde 1986 se han ido multiplicando exponencialmente las hectáreas de regadío en el Levante, "una práctica ilegal, permitida por el gobierno de Murcia que ha ido levantando la mano y legalizando sin escrúpulos esos cultivos, propiciando que el monstruo se hiciera cada vez mayor y su sed de agua del Tajo adquiriese tintes legendarios".

"Y todavía tienen la poca vergüenza de exigir dinero al estado para modernizar sus cultivos, como si estuviéramos obligados a pagarles la fiesta entre todos. Son empresas privadas, de carácter totalmente industrial, que sólo entienden del medio natural para explotarlo sin piedad, atendiendo únicamente a la riqueza a corto plazo, sin importarles el daño irreparable que realizan", han asegurado.