Cifran en 106 millones de euros la deuda no pagada a Castilla-La Mancha por el trasvase Tajo-Segura: "¿Quién paga esto?"

El Gobierno de Castilla-La Mancha calcula que la deuda no pagada a la Comunidad Autónoma en concepto de tarifas del trasvase Tajo-Segura desde que el Estado acordó cederlas en el año 1986 a las comunidades autónomas estaría actualmente en 106 millones de euros, según ha adelantado este martes el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes para hablar de las tarifas del acueducto, ha indicado que así se desprende del estudio que han realizado de todos estos años, que arroja una situación "bastante problemática", ya que a ello hay que sumar que los costes de amortización de la infraestructura que, aunque deberían "haberse terminado ya", actualmente están en el 37%; y otros que no se computan como los costes ambientales, sociales o de oportunidad.

"Si de pronto se acaba el trasvase, ¿quién va a pagar todo esto y qué transferencia de dinero se va a hacer a Castilla-La Mancha?", se ha preguntado Luengo, que ha asegurado que a los regantes del Levante se les han perdonado "dos tercios de lo que tenían que haber pagado" por el agua trasvasada, hecho que ha criticado, convencido de que, por eso, "cuando hablan de desalación dicen que es cara".

Luengo ha explicado que el trasvase tiene una longitud de 292 kilómetros y que la infraestructura se divide en tramos a los que se aplican las distintas tarifas que se reparten entre Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, correspondiéndole a la región 4/9 partes de lo recaudado. En concreto, los usuarios del trasvase pagan por las obras, por gastos fijos y por gastos variables.

Castilla-La Mancha reclamó al Ejecutivo por el precio de las tarifas --se abonan 0,09 céntimos de euro por metro cúbico de agua para regadío y 0,14 si es para abastecimiento-- argumentando que "no se hicieron bien las cuentas". La Comisión Central de Explotación, encargada de elaborar periódicamente el documento con la propuesta de tarifas, hizo una última actualización en febrero de 2017.

En cualquier caso, Antonio Luengo ha precisado que el objetivo último del Gobierno autonómico no es que se paguen las tarifas "sino que no se lleven el agua" y esa es una posición que Castilla-La Mancha tiene "clara". "Tenemos que hacer un pacto del agua necesariamente", ha expresado finalmente.

Rechazo al trasvase de Podemos

Desde el Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente ha manifestado que el trasvase "no compensa ni de lejos" porque la diferencia entre las compensaciones que se pagan a Castilla-La Mancha -que este año va a recibir unos 4,1 millones de euros por este concepto, ha estimado- y la riqueza estimada que genera el acueducto "arroja un saldo inmensamente negativo" para la región.

Tras lamentar que la Comunidad Autónoma tenga que asumir un "coste y una deuda histórica que son del todo inasumibles para la región", ha instado a destinar el dinero de las compensaciones a poner en marcha las desaladoras en el Levante, a derogar el Memorándum del Tajo y a "poner el cierre ya al trasvase".

Una discriminación para el PSOE

La diputada del PSOE Carmen Torralba ha demandado que se apliquen "los costes reales" del trasvase, incluyendo en ellos también los energéticos y medioambientales, ya que su precio actual "no es justo". A su juicio, se paga "una centésima parte de lo que vale" el agua, que se da "prácticamente regalada", confiando en que el Gobierno de Pedro Sánchez haga "realidad" que el agua "se quede aquí".

La parlamentaria socialista, que ha añadido que si se pusieran en marcha las desaladoras no haría falta trasvasar agua, ha pedido al PP que se una al pacto del agua, que es también el "pacto por esta región". En cuanto a la dimisión del presidente regional, Emiliano García-Page, solicitada por la diputada del PP Ana Guarinos, ha contestado que la que debería dimitir es ella, que fue la que "permitió que su territorio, los ribereños, murieran por la aberración del Memorándum" del Tajo.

El PP pide la dimisión de Page

El Grupo Popular, a través de Guarinos, ha iniciado su intervención asegurando que el Gobierno "más trasvasista" ha sido el de García-Page, cuyas políticas en materia de agua "son pura mentira y apariencia", ya que "jamás ha garantizado un hectómetro en Castilla-La Mancha", y ha acusado a los socialistas de "estrujar" los trasvases cuando los embalses estaban "en situación de lodo".

Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo regional que "deje de anunciar recursos que nunca gana" contra los trasvases porque "eso no sirve para que haya más agua" en la región y ha exigido a las administraciones regional y central que defiendan "el principio de prioridad de la cuenca cedente" y empiecen a trabajar en un pacto nacional "que evite confrontaciones políticas e interesadas y ponga fin a un conflicto" que no tiene que existir.

Abastecimiento

Por otro lado, Luengo ha detallado este martes que actualmente la región no tiene problemas de abastecimiento, lo que no significa "que nos los haya puntuales" porque siempre hay roturas, aunque sí ha admitido que "otra cosa es la calidad del agua", reconociendo que "hay que mejorar la calidad del abastecimiento".

Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes, ha declarado que hay "muchos pueblos y mucha gente" en esta región que tiene que comprar botellas de agua, porque la que les llega "tiene muchos sulfatos", algo que afecta a toda la región, aunque ha admitido que la solución a este problema "no es trabajo de una legislatura".

Luengo ha hablado de las diferentes actuaciones realizadas por la Agencia del Agua en la presente legislatura y de la situación de las inversiones en materia de infraestructuras en este ámbito en la región, entre las que ha destacado la tubería de la Llanura Manchega --concebida para mejorar el abastecimiento de 59 municipios de La Mancha-- que está "prácticamente terminada", así como el abastecimiento a Ciudad Real, a falta de llegar a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Junto a esta ha citado otra actuación que esperan "terminar pronto" como es la de la Mancomunidad de Aguas de La Muela, a falta de que Acuaes "termine de hacer pequeñas actuaciones" para ponerla en funcionamiento. También se ha puesto en marcha la conducción Alcorlo-Mohernando y se sigue trabajando en la nueva conducción del canal de Picadas, todo ello con el objetivo de que los habitantes beban agua de calidad, resaltando que el número de habitantes de la región que beben agua de calidad ha pasado del 82 al 90%.

El director de la Agencia del Agua ha detallado que este organismo trabaja en la planificación, el abastecimiento y la depuración, destacando que al llegar al Gobierno se encontraron 157 depuradoras en proyecto paradas por el PP, por lo que se pusieron "a recuperar el terreno que pensamos perdido" en este ámbito y en lo que respecta al II Plan de Abastecimiento de la región, habiendo invertido en tres años un total de 150 millones de euros.

Además, se han realizado hasta 124 actuaciones en múltiples municipios en los que no hay firmados convenios, a fin de abastecerlos "con garantías" de forma definitiva, y se han recurrido los planes hidrológicos de cuatro cuencas, las hasta 16 cesiones de derechos de agua consumadas hasta ahora al considerar que se han desarrollado "de forma ilegal", y los trasvases del Tajo al Segura, siete de ellos en la legislatura de Mariano Rajoy que se hicieron por debajo de los 400 hectómetros cúbicos.

Luengo ha defendido en último término el Ciclo Integral del Agua y el 100 por cien de la depuración, pero ha reconocido que eso es "casi un imposible" por la configuración geográfica y demográfica que tiene la región. En este punto, ha señalado que las confederaciones --como así se lo han trasmitido-- deberían tener "más flexibilidad" con algunos pueblos pequeños, a los que les sancionan "sin una contaminación real".

El diputado de Podemos David Llorente ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a las distintas actuaciones previstas en depuración de agua y abastecimiento pues "son fundamentales", y se ha interesado por la ejecución de algunas partidas presupuestarias como el pago "superior al presupuestado" en la de divulgación y campañas institucionales, a lo que Luengo ha contestado que las campañas en favor de la eficiencia de los recursos son necesarias.

Desde el PSOE, Carmen Torralba se ha referido al plan de depuración aprobado por la Junta, que prevé una inversión de 600 millones de euros en casi 600 depuradoras que estarán finalizadas en 2022, ha recordado que durante la legislatura anterior hubo "muchas amenazas de sanción" por parte de la UE "por mala depuración de aguas", y ha incidido en que la política hídrica del actual Gobierno "no es humo, es certeza".

La parlamentaria del PP María Roldán ha aseverado que las actuaciones realizadas por la Agencia lo han sido en municipios donde gobierna el PSOE, lamentando su carácter "sectario" --algo que han rebatido Luengo y Torralba--, lamentando el "parón absoluto" de la inversión, ya que la ejecución es "mínima" --el director de la Agencia ha contestado que es "alta"--, y que este Gobierno se haya dedicado a inaugurar las obras realizadas por el Ejecutivo anterior, y criticando que las actuaciones en previsión son "poquísimas".