El proyecto de ley de participación ciudadana de Podemos establece que los ciudadanos podrán decidir el destino de entre el 1 y el 10 % de los presupuestos de la región, podrán pedir a los gestores públicos que rindan cuentas y, además, rescata la figura del desaparecido defensor del pueblo.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, y el director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en una rueda de prensa en Toledo, han detallado los aspectos más relevantes de este proyecto de ley.

El vicepresidente ha dicho que es "la ley más participada de la historia" porque han participado en su redacción "más de 600 personas", entre juristas, funcionarios, asociaciones de vecinos o del tercer sector, y ha añadido que para su elaboración se han interesado por normativas similares de otros países y comunidades autónomas.

García Gascón ha explicado que, de las 340 aportaciones de la ciudadanía, el 97 % han sido incluidas en la ley, lo que la dota de un amplio consenso social y "viene a profundizar y ampliar la democracia en Castilla-La Mancha".

La ley desarrolla como novedad los "convenios ciudadanos" por los cuales la Administración se compromete a realizar las decisiones mayoritarias de los ciudadanos.

Se creará un órgano nuevo, un observatorio "cien por cien" ciudadano cuya misión principal es "hacer cumplir la ley" y que "incorpora funciones del extinto defensor del pueblo".

Otra novedad es que se incluye un régimen sancionador por incumplimientos de la ley.

El director general ha indicado que con esta norma se podrá desarrollar "una nueva administración pública más limpia y que prevenga la corrupción", para lo cual la ley contempla los presupuestos participativos, por los que los ciudadanos podrán decidir a qué necesidades se destina entre el 1 y el 10 % de los presupuestos.

Asimismo, se incluye la rendición de cuentas, de forma que los ciudadanos podrán pedir a cargos públicos que expliquen su gestión.

Y otro elemento es la evaluación y control de políticas públicas para que la gente evalúe los resultados de proyectos y programas de las administraciones públicas.

Según García Gascón, esta ley posibilitará que mejore la economía de Castilla-La Mancha y sea más justa, puesto que los planes de más de un año en sectores estratégicos como la economía, el empleo, el turismo, la agricultura, la sanidad y la educación se tendrán que hacer de manera participativa con la gente.

Además, ha añadido, la ciudadanía podrá impulsar por iniciativa propia planes o normativas relacionados con la economía rural, la lucha contra la despoblación, el comercio local, la agricultura o un plan de industria regional, ha citado como ejemplos.

García Molina ha dicho que todavía tiene que pasar los trámites de ser aprobada por el Consejo de Gobierno y el Consejo Consultivo y luego por las Cortes, pero se ha mostrado optimista, porque hay experiencias similares en otros países y comunidades donde funciona.