La pobreza de Castilla-La Mancha, analizada en las Cortes por los colectivos que la tienen más cerca

Las Cortes regionales se ha convertido este miércoles, durante un pleno institucional celebrado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en el altavoz de las demandas de las 680.000 personas que se hallan en riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha, que, entre otras cosas, han pedido más presupuesto social, así como el acceso a una vivienda digna y a un empleo estable.

Estas demandas han sido expresadas por representantes de cuatro entidades sin ánimo de lucro de la región, como Cruz Roja, la asociación Llere y las fundaciones Cepaim y Ceres y seguidas con atención desde los escaños por diputados de los tres grupos con representación en las Cortes, por su presidente, Jesús Fernández Vaquero, y por la consejera de Bienestar, Aurelia Sánchez.

Junto a la reivindicación de más presupuestos sociales para que haya un mayor número de familias con las necesidades básicas cubiertas y de una vivienda y empleo dignos, las propuestas se han centrado en la necesidad de una mayor participación en las políticas de pobreza la promoción de una cultura participativa desde la infancia y políticas de conciliación laboral y personal efectivas.

Antes de escuchar estas propuestas, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha había resaltado los avances registrados en los últimos cuatro años, en los que ha resaltado que la pobreza severa se ha reducido a la mitad, al pasar del 8,5 al 4,4 por ciento.

Ha significado también que, a pesar de ello, los datos siguen siendo "muy preocupantes", pues 680.000 personas, es decir el 34 por ciento de la población regional, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y, en España esta cifra supera los 12 millones, lo que representa el 26 por ciento de la población.

Ha resaltado también que, de estas 12 millones de personas, 4,8 millones viven en pobreza severa, lo que demuestra que la crisis económica "sigue presente en muchos hogares" y que el crecimiento económico a veces "no es inclusivo".

Ciñéndose a la pobreza infantil, Fernández Vaquero ha llamado la atención sobre el hecho de que hay 2,6 millones de niños en esta situación, lo que supone 4,7 puntos por encima del resto de la población en riesgo de pobreza, y ha recalcado que ésta "castiga" especialmente a los niños que viven en hogares de madres solas.

Actualmente, en Castilla-La Mancha la pobreza afecta al 6 % de la población infantil, dos décimas menos que a principios de legislatura, lo que obliga a las administraciones a poner la lucha contra esta lacra en la agenda política.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, tras asegurar que había tomado "buena nota" de todas las propuestas, ha recordado que el Gobierno regional firmó "una hoja de ruta" con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que se tradujo en la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social, a la que se ha unido después la Ley de Garantías Ciudadanas y el plan contra la pobreza energética.

Según la consejera, estas medidas que han conseguido reducir a la mitad la pobreza severa, reducir también la pobreza infantil y disminuir en 4 puntos el riesgo de pobreza,"no indican que vamos por la línea acertada, pero nos queda mucho por hacer", ha aseverado.

Y, en este punto, se ha referido a la necesidad de más escuelas rurales, más comedores sociales y más apoyo a las familias, con el objetivo de "ofrecer más bienestar social a toda la ciudadanía, pero especialmente a las familias más vulnerables".

En el acto ha tomado también la palabra la vicepresidenta de la EAPN, Sol Lahera, quien ha lamentado que España siga sin cumplir con la Estrategia Europea 20.20, que emplaza a disminuir la pobreza, mientras ésta sigue aumentando.

Y entre los datos que así lo confirman ha resaltado que uno de cada tres niños siguen siendo pobres, que más de la mitad de las personas con empleo son pobres y que las mujeres son el colectivo con más riesgo de pobreza.

Por todo ello, ha reclamado un "esfuerzo" a las administraciones para hacer políticas más redistributivas y "afrontar la exclusión social" con las personas afectadas, lo que sólo se consigue "escuchando" sus demandas y propuestas y dándoles "voz" en todos los foros y espacios donde las protagonistas sean las personas.