Lo cuenta este jueves el diario El Mundo. El Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid ha concluido que la Junta de Castilla-La Mancha bajo el mandato del PSOE de José María Barreda amañó de manera sistemática contratos públicos, pagó sobreprecios y llegó a adjudicar 2,8 millones públicos con meras órdenes verbales a Cuadrifolio, la empresa a la que el partido le encargaba sus trabajos electorales en diversas zonas de España.

El juez Francisco Manuel Bruñén avala la veracidad de todas las informaciones publicadas por El Mundo sobre este escándalo, constata el "trato de favor" dispensado a esta empresa y absuelve a los periodistas Casimiro García-Abadillo, Santiago González, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta de la comisión de los delitos de injurias y calumnias que le atribuía el Grupo Cuadrifolio, propiedad de Manuel Téllez, tal como recoge el periódico de Unidad Editorial en una amplia información.

Según la sentencia, el Gobierno castellano-manchego bajo la presidencia de José María Barreda llevó a cabo "una masiva adjudicación de contratos menores" a esta compañía, a la que el PSOE encargaba paralelamente la organización de sus mítines. "Se han apreciado abundantes ejemplos de contrataciones administrativas que presentan indicios de fraccionamiento, con adjudicación directa de contratos referidos a un mismo evento o prestación a diversas empresas del mismo grupo empresarial", asevera la resolución.

En esta línea, el fallo judicial explica que "son numerosas las ocasiones en que la adjudicación directa de los contratos se hace por la cuantía límite de los contratos menores, esto es, por 12.000 euros, o muy próxima a esta cifra". "De este modo", abunda el juez, "se produce una adjudicación directa, sin necesidad de someter la contratación a licitación, pues la tramitación del expediente sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente".

Frente a estas prácticas irregulares que se han repetido en otros grandes casos de corrupción como la trama Gürtel, el juez recuerda que "la legislación administrativa establecía que la norma general es que se hicieran concursos o procedimientos negociados, no siendo lícito el fraccionamiento del objeto de los contratos para evitar los requisitos de concurrencia y publicidad". Asimismo, en cuanto a la comparación establecida por este periódico entre la trama Gürtel y el caso Cuadrifolio, el juez considera que "no puede afirmarse que el titular esté desconectado del contenido de la información y no se presenta como innecesariamente insultante o vejatorio". Por el contrario, considera el juez que en este supuesto "la imputación de hechos delictivos se encuentra amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la información, no existiendo ánimo de difamar, vituperar o agraviar".

Pero el fraccionamiento de contratos no es la única práctica ilegal que el juez considera acreditada. "Existen también casos en que tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad son invitadas empresas del mismo grupo Cuadrifolio o alguna que no pertenece a dicho grupo pero que trabaja habitualmente con el mismo".

El juez destaca que en el momento en el que El Mundo publicó el escándalo, "los periodistas disponían de información auténtica" sobre las contrataciones así como el testimonio de un ex trabajador de Cuadrifolio. Y que en ellas se aludió directamente a "amaños". Bien, pues el juez señala que "desde una perspectiva objetiva, es evidente que en las adjudicaciones directas se produce un contacto también directo entre la administración contratante y la empresa adjudicataria". Añade que "si reiteradamente se producen adjudicaciones en la cuantía límite del contrato menor, cabe sospechar el entendimiento, connivencia o trato de favor al contratista en cuestión".

El PSOE

Según la sentencia, no está probado que la empresa Cuadrifolio realizara eventos para el PSOE en Castilla-La Mancha posteriores al año 2002 y además no hay base probatoria para afirmar que la empresa financiase al PSOE ni que hubiera financiación ilegal de un partido político. De hecho, según recoge la resolución judicial, no está probado que Cuadrifolio realizara trabajos gratuitos a favor del PSOE.