Castilla-La Mancha ha contabilizado 22 agresiones a sanitarios en lo que va de año

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha contabilizado 22 agresiones físicas a sanitarios en lo que va transcurrido de 2018, según ha indicado hoy su directora gerente, Regina Leal, que ha hecho hincapié en la necesidad que presentar denuncia porque muchos agresores son reincidentes.

Según ha explicado Leal, con motivo de la reunión que ha mantenido hoy en Toledo el Observatorio de la Violencia, los datos apuntan a que se mantiene la tónica en cuando al número de agresiones a profesionales sanitarios, ya que en 2017 se registraron 27 casos, al tiempo que ha confiado en que no se produzca ningún caso más hasta que finalice el año.

Leal ha afirmado que "la sociedad no es más agresiva hoy que ayer", aunque la aspiración del Sescam es que cada vez se comuniquen más casos y cada vez se pongan más denuncias para evitar las agresiones,

En este sentido, ha dicho que los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado insisten mucho en que los profesionales que se sientan amenazados denuncien estas actitudes por parte de los usuarios.

"Es imprescindible la denuncia, no hacerlo no conduce nunca a menos agresividad, el usuario agresivo si no es denunciado probablemente la siguiente vez puede ser más agresivo y además puede serlo con otros compañeros", ha advertido la directora gerente del Sescam.

Además, ha reiterado que fuerzas de seguridad insisten en que los agresores pueden ser reincidentes, y que por ello es necesario que se denuncien determinadas conductas de determinados usuarios para prevenir agresiones, porque "sin denuncia generalmente tenemos poco que hacer", ha admitido.

Imprescindible denunciar

La responsable del servicio de salud regional ha insistido en que "la denuncia es imprescindible para que nosotros podamos tener conocimiento tanto desde la organización como desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y tomar medidas y en eso estamos trabajando.

Al respecto, ha señalado que se está trabajando en mejorar los protocolos de comunicación, con una aplicación (app) de comunicación directa con la Policía Nacional y se está elaborando un protocolo de comunicación para que en aquellas situaciones en las que haya una agresividad especial los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acompañen siempre a los profesionales a realizar la asistencia.

Y ha agradecido la labor de Policía Nacional y Guardia Civil, ya que los casos en los que los profesionales se han visto amenazados, han tenido una reacción "inmediata y efectiva, que ha surtido efecto". 

Asimismo, Leal explicado que el Observatorio de la Violencia se ha fijado como objetivo elaborar un registro común de las denuncias presentadas en el Sescam y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el fin de contabilizar las agresiones, prevenirla y hacer un mapa de agresiones para identificar puntos calientes o usuarios más conflictivos que permitan tomar las medidas preventivas que sea necesario adoptar.

Por otra parte, preguntada por la demanda de dotar algunos centros de seguridad privada, ya dicho que no es compartida por todos los sindicatos, que no coinciden en sus apreciaciones, y ha comentado que incluso la Policía Nacional ha apuntado que la vigilancia no siempre evita las agresiones, ya que de hecho hay algún caso de agresión a vigilantes.

"La experiencia está diciendo que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean probablemente mucho más efectivos a la hora de disuadir a personas que presentan agresividad", ha añadido.

También ha valorado la trascendencia del acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del año pasado para que la Junta de Comunidades se persone como acusación particular en el caso de agresiones físicas a sanitarios.

Gracias a este acuerdo del Consejo de Gobierno hay siete procesos judiciales en los que se está tratando el caso como una agresión a la autoridad, por lo que implica pena de cárcel, ha explicado Leal, que se ha referido en particular a la agresión a profesionales sanitarios en el centro de salud de El Casar (Guadalajara), para cuyo autor el fiscal pide una condena de más de siete años de prisión. 

Leal ha considerado que "es ejemplificante y una ayuda más para intentar reducir las agresiones de usuarios, que desgraciadamente siempre existirán como consecuencia de unas conductas que no son tolerables".