El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes regionales en la que instan al Gobierno regional a "eliminar la obligatoriedad de impartir en los centros contenidos educativos que supongan conculcar el derecho de las familias a poder educar a sus hijos de conformidad con sus convicciones morales y religiosas".

En esta PNL, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes y recogida por Europa Press, también instan al Gobierno de España a "seguir manteniendo la enseñanza de la asignatura de religión como materia evaluable y de adscripción voluntaria, conforme se configura actualmente, al igual que su alternativa".

Asimismo, solicitan que el Gobierno autonómico garantice y amplíe "las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza garantizando el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos".

Demanda mantener el criterio de demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su redacción dada por la LOMCE, "como factor determinante en el momento de la programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural en redes complementarias, pública y concertada, eliminando cualquier pacto político o presupuestario que pretenda la progresiva reducción de la financiación de la educación concertada bajo un único criterio de sectarismo ideológico".

Además, los 'populares' demandan "promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente dichos centros" y "garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como concertada como garantes de la libertad de elección de las familias".

Asimismo, solicitan "recuperar la zona única de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades y una educación en equidad".

Reconstrucción mamaria

Además, los 'populares' han presentado una enmienda a la Proposición no de Ley sobre la creación de una Red de Expertos y Profesionales de Reconstrucción Mamaria Postoncológica del PSOE, para añadir que se proceda "a la contratación inmediata de los cirujanos plásticos necesarios para volver a realizar intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica mediante el procedimiento conocido como 'colgajo de Diep' en el Hospital Universitario de Guadalajara".

En tanto el Gobierno Regional "no realice la contratación de los cirujanos plásticos necesarios para volver a realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, en el Hospital Universitario de Guadalajara o en cualquier otro de la región, se proceda a la derivación de las pacientes en lista de espera a hospitales de la vecina Comunidad de Madrid donde sí se realizan, el Hospital Universitario de La Paz y el Ramón y Cajal".

Asimismo, afirman que se proceda asimismo a la contratación de un número suficiente de cirujanos plásticos en la región para dar un buen servicio en las reconstrucciones mamarias".

En otra PNL, el PP insta al Gobierno Regional a destinar 5 millones de euros para la reestructuración integral de la ETAP de la mancomunidad del río Pusa, de la captación y de·la presa, para adaptarla a las necesidades y ofrecer un correcto abastecimiento de agua a la
población.

Artículo 155

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley relativa a Transición Española en la que insta al Gobierno Regional a apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española "de manera firme con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que
compartimos".

A su juicio, esto significa, entre otras acciones, "el control de la televisión pública catalana por parte de representantes del Estado, para garantizar que realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes y de las competencias gubernamentales que sean necesarias para garantizar un gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los catalanes, sin exclusiones ni sectarismos, especialmente en las áreas de educación y seguridad pública".

Además, según esta PNL, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes y recogida por Europa Press, piden a la Junta "reivindicar el proceso de la 'Transición Española' y las leyes, acuerdos y consensos que surgieron del mismo y rechazar cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva de nuestra historia común".

Así, quieren que la Junta defienda "los símbolos que nos representan como nación y como españoles, que nos representan a todos, ocupen el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan"; la Monarquía parlamentaria y "el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las regiones respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales", pero sin que dichas lenguas "sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar el español".

Prospuesta del PSOE

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra PNL en la que insta al Gobierno regional y al resto de instituciones autonómicas a que "tengan siempre presente los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, para que vivan con plena igualdad que el resto de la ciudadanía española, dentro del marco del Estatuto de Autonomía y de la Constitución".

Así, reivindican los socialistas "para cuantos tienen responsabilidades públicas y, en general para el conjunto de la ciudadanía, el espíritu de diálogo y de consenso que durante la Transición política en España hizo posible la elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978".

Consideran además que "la normalidad institucional contribuye a la paz social, al desarrollo económico, al progreso y la solidaridad y evita enfrentamientos destructivos e innecesarios y consolida el régimen de derechos y libertades de la ciudadanía".