El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará entre este mes de diciembre y enero de 2019 las convocatorias de empleo público de 2017 y 2018 correspondientes a los procesos selectivos de personal funcionario y personal laboral de la Administración General de la Junta de Comunidades.

Así lo ha avanzado el director general de la Función Pública, José Narváez, durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Generales para informar sobre todas las ofertas públicas de empleo (OPE) convocadas en 2018, solicitada por el grupo popular.

Respecto a la oferta correspondiente a este año, Narváez ha explicado que las plazas de nuevo ingreso ascienden a 362 para personal funcionario y a 404 para personal laboral y ha añadido que, en lo que se refiere a promoción interna, hay 134 plazas para funcionarios y 79 para personal laboral.

Asimismo, ha indicado que la oferta de 2017 contempla 317 plazas para funcionarios y 317 para laboral, más 117 de promoción interna para funcionarios y 74 de promoción interna para personal laboral.

El director general ha agregado que se ha reservado un cupo del 7 % de plazas para personas con discapacidad y que el sistema selectivo para ambas ofertas de empleo, que se ejecutarán conjuntamente, será el de concurso-oposición.

Según Narváez, el Gobierno regional prevé contar con unas 80.000 solicitudes para optar a alguna de las 1.804 plazas aprobadas en total para el personal de la Administración General en las ofertas de 2017 y 2018, que se sumarán a las ofertadas en la convocatoria de 2016 (ya ejecutada) y a la prevista para 2019.

También la viceconsejera de Administración Local y coordinación administrativa, Pilar Cuevas, ha comparecido en esta comisión al objeto de informar sobre los planes de simplificación y reducción de procedimientos administrativos en Castilla-La Mancha, solicitada por el grupo socialista.

Cuevas ha afirmado que fruto de la necesaria transformación digital que está acometiendo la Junta, esta Legislatura se han impulsado tres planes de simplificación y reducción de procedimientos administrativos (uno por año) para avanzar hacia una administración "más accesible, cercana y ágil".

Ha especificado que el plan de 2016 contiene 32 medidas, 42 el de 2017 y 116 el de 2018, lo que suma un total de 190 medidas dirigidas a la simplificación de formularios, la reducción de plazos y documentación o la unificación de normativa en materia de ayudas y subvenciones, de las que 103 ya están plenamente ejecutadas y el resto en proceso.

En este punto, ha considerado "fundamental" la formación de los empleados públicos y ha detallado que de 2015 a 2018 se han llevado a cabo 163 acciones formativas en las que han participado más de 4.000 empleados públicos.

Además, ha dicho que para 2019 hay previstas otras 56 acciones formativas en este sentido.

Intervención de los grupos políticos

Sin embargo, la parlamentaria del PP Ana Guarinos, ha lamentado que de las ofertas de empleo correspondientes a 2016, 2017 y 2018, la única que se ha realizado es la primera, aunque ha subrayado que no está resuelta en su totalidad porque hay un proceso selectivo suspendido (el de Médico de Familia) por posible filtración de los exámenes.

También respecto al segundo punto, ha señalado que sin Internet y nuevas tecnologías en los municipios de Castilla-La Mancha el acceso a la administración electrónica es "imposible".

Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Esteban ha incidido en las diferencias entre el anterior Gobierno y el actual y en que ahora "se habla, se negocia, se propone y se llegan a acuerdos en mesa de negociación", al tiempo que ha resaltado la "constante y necesaria" transformación digital a la que hay que someter a la Administración.

Además, el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha criticado los recortes de la pasada Legislatura, que supusieron la destrucción de 11.000 puestos de trabajo en el sector público, dando lugar a una "alta temporalidad y precariedad en el empleo", y ha compartido los objetivos del Gobierno regional de agilizar los procedimientos administrativos, reducir la burocracia y acercar la administración a la ciudadanía.