El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, se ha preguntado qué ha hecho Castilla-La Mancha con los 192 millones de euros recibidos estos años por el agua del trasvase cuando los Pueblos Ribereños guadalajareños reclaman infraestructuras.

Los regantes de las 80 comunidades de riego de Almería, Alicante y Murcia llevan pagados 426 millones de euros al Estado por la tarifa del trasvase de Tajo al Segura, cuantía que es repartida entre las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Jiménez ha anunciado que están dispuestos a pedir amparo al Consejo de Transparencia si el ministerio para la Transición Ecológica no desvela qué inversiones han ido a los pueblos ribereños, con quienes están dispuestos a exigir que se realicen las inversiones que reclaman ante la sospecha que el dinero percibido por el trasvase no tuvo ese destino lógico.

Por otra parte, se preguntan cuánto ha gastado Castilla-La Mancha en pleitos judiciales contra los sucesivos trasvases al Segura teniendo en cuenta que ha perdido sólo desde 2016 unos trece recursos, y Jiménez comentó que se presentan "a sabiendas que se van a perder".

Jiménez ha hecho estas declaraciones en un desayuno con periodistas en la sede del sindicato para anunciar que en marzo del año próximo se celebra el 40 aniversario del trasvase, fecha en la que tendrán lugar diversos actos conmemorativos en Almería, Alicante y Murcia.

Del año hidrológico, resumió que ha sido "bastante malo y que hubiera sido nefasto" si en marzo y abril no se hubieran incrementado las reservas en cabecera del Tajo y en la cuenca del Segura.

Preocupación por la actitud del ministerio

En cuanto al fin del trasvase, advirtió que de él se abastecen poblaciones albaceteñas e incluso regadíos de esa zona y su continuidad se defiende por su propia esencia, si bien consideró preocupante la reciente actitud del ministerio con el último trasvase cero al regadío en noviembre.

Al respecto, afirmó que la decisión de no trasvasar no tiene precedentes y es gravísima, al tiempo que se sorprendió que a día de hoy la Comisión Central de Explotación del trasvase todavía no ha dado a conocer ni el acta de esa reunión ni los informes que sirvieron de base para decir que no se podían trasvasar 12,5 hectómetros al regadío con "el argumento peregrino" de una avería y unos daños ocasionados por las lluvias.

Reiteró que con recursos decidir no trasvasar es algo grave, y recalcó que lo que necesitan los regantes es seguridad y no estar sujetos a ningún vaivén, ya que, según dijo, llevan muchos años "engañados por distintas administraciones".

En este sentido, remarcó que el SCRATS es independiente a cualquier color político y no existe cariño alguno a las ideologías, pero en ocasiones se ven obligados a aludir a decisiones que adopta el ministerio competente en materia de agua.

Consideran "suficiente" el caudal del Tajo

Otra cuestión que preocupa al SCRATS es el probable incremento del caudal ambiental del río Tajo en la planificación que se está redactando, ya que un estudio encargado por el sindicato de regantes considera que es suficiente con el actual caudal circulante de seis metros cúbicos por segundo.

Por otro lado, anunció que el próximo año el sindicato pondrá en marcha una campaña de comunicación para dar a conocer a la población levantina "lo injusto" que es que en esta zona de España se pague el agua más cara de todo el país.