Castilla-La Mancha, entre las regiones con un bajo grado de privatización sanitaria

Castilla-La Mancha ha sido clasificada como una de las comunidades autónomas que tuvieron un bajo grado de privatización en los centros sanitarios de la región en 2018, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP).

Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, el informe clasifica a las regiones en tres grupos: alto grado de privatización (Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco, por ese orden), intermedio (Castilla y León, Valencia, Galicia, Murcia, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja) y bajo (Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura). Así, estiman que la privatización ha crecido en todas las regiones españolas frente al año anterior.

Con respecto al año pasado, Comunidad Valenciana sube seis puestos en el ranquin de privatizaciones, mientras que Navarra baja cuatro y Murcia sube tres. En el grupo con menor nivel de privatización se mantienen Extremadura y Castilla-La Mancha, variando su posición, y se incorporan Asturias y Andalucía. En los seis informes que ha realizado FADSP hasta la fecha, los dos primeros puestos siempre han estado ocupados por Comunidad de Madrid y Cataluña, y Baleares siempre ha permanecido en el grupo de elevado grado de privatización.

A nivel general, la privatización en los centros sanitarios españoles ha crecido en 2018 con respecto al año anterior, con la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias como las CCAA con mayor grado de privatización.

La organización ha analizado estas variables: porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios; gasto en seguros privados y de bolsillo per cápita (€/año); porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total; porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados; porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados; número de consultas anuales a especialistas y médicos de cabecera del sector privado; y presencia de modelos de colaboración público-privada.

Tras recabar datos de 2017 y 2018 de los ministerios de Sanidad y Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística (INE), Fundación IDIS y las memorias de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, los primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el más bajo el de menor puntuación. La última se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde existen modelos de colaboración público-privada y 0 a aquellas en las que no.

De acuerdo a estos criterios, han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 19,58 puntos. Según FADSP, la privatización ha tenido una "intensidad variable" en las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el Gobierno como a otras circunstancias. "Las privatizaciones se han acentuado en la última legislatura, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica", resumen.

A pesar de esta situación, citan "algunos motivos para la esperanza", como la reversión del Hospital de Alzira de Valencia a la red sanitaria pública. "Evidencia que la clave de la privatización/desprivatización sanitaria está en la voluntad política de las administraciones públicas y sus gobiernos. No es cierto que los centros privados sean más eficientes", ha comentado su secretario de organización, Marciano Sánchez Bayle. Rechazan, por otra parte, el nuevo Gobierno en Andalucía, que "parece inclinarse por un aumento significativo del sector privado".

Desde FADSP lamentan que el gasto sanitario privado se ha incrementado en los últimos 10 años, pasando el 24,6 por ciento del gasto sanitario total al 29,2 por ciento en 2018, según datos de la OCDE. FADSP atribuye esta subida a la "bajada continuada de los presupuestos públicos", que han pasado de ser el 6,78 por ciento del PIB en 2009 al 6,23 por ciento en 2017, de acuerdo también con los datos de la OCDE.

A la vez, denuncian que se ha producido una "derivación creciente" de los fondos públicos al sector privado, algo que ha "deteriorado la sanidad pública" y "ha favorecido la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen públicamente". Achacan esto al crecimiento de los seguros sanitarios privados, que creció al 3,6 por ciento en 2016 y al 5,07 por ciento en 2017. "Lo mismo ha sucedido con el gasto de bolsillo, que ha pasado de ser el 19,5 por ciento del gasto sanitario total en 2009 al 24,2 por ciento en 2017", añaden en su informe.

"Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización. Obviamente, este aumento de la provisión y el aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones, porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos", denuncian en su informe.

En este sentido, Sánchez Bayle ha puesto un ejemplo: "El sector privado se especializa en tratar a personas con 'buen riesgo', es decir, jóvenes, sanas y con dinero. Si piden cita en la sanidad pública para dentro de 15 días, tienen dos opciones. O acudir a Urgencias o irse a la privada. Si tienes que hacer esto con cierta frecuencia, al final sale rentable".

Para paliar este tipo de situaciones, "muy provocadas por las listas de espera", el secretario de FADSP ha reclamado cuatro medidas a los políticos en las elecciones que se van a celebrar en los próximos dos meses: "Aumentar el gasto sanitario hasta el 7 por ciento del PIB; acabar con los copagos, que suponen una barrera muy importante para el acceso; utilizar intensivamente los recursos de la sanidad pública (hay camas cerradas y tecnología que no se usa); una apuesta decidida por la Atención Primaria para fijar 48 horas como máximo en las citaciones; y paralizar las privatizaciones".