Aceptadas 73 enmiendas a la Ley de Participación Ciudadana y rechazadas otras 11 de Cs
La comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles 73 enmiendas parciales a la Ley de Participación regional y ha rechazado otras 11 del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs).
Los tres grupos parlamentarios habían presentado un total de 91 enmiendas parciales a la nueva normativa -57 PSOE, 30 Cs y 4 PP-, pero durante el transcurso de la comisión el PSOE ha retirado cuatro enmiendas, el PP una y Cs dos.
Finalmente, se han votado 84 enmiendas en total, de la cuales 28 son de la formación naranja, tres de los 'populares' y 53 del PSOE, aunque 17 de ellas con textos transados.
La comisión, que ha comenzado a las 10:30 horas, ha votado las enmiendas a las 16:00 horas tras un receso de más de cuatro horas para la negociación entre los diputados de los tres partidos con representación en las Cortes regionales que ha dado como fruto unanimidad en las 17 enmiendas transadas y otras 50, que hacen un total de 67.
Los otras 6 enmiendas restantes aprobadas, pertenecientes al grupo socialista han contado en la mayoría de las votaciones con el respaldo de los dos diputados del PP y una de las enmiendas con el apoyo de Cs.
Los portavoces de los tres grupos parlamentarios en la comisión de Asuntos Generales han expresado durante el primer turno de intervenciones su voluntad para alcanzar acuerdos y lograr que el mayor número de enmiendas pudiera ser aprobado por la unanimidad de PSOE, PP y Cs.
Así lo ha señalado en primer lugar el diputado regional de Cs David Muñoz, quien ha subrayado que la Ley de Participación de Castilla-La Mancha es "necesaria" y que se debe fomentar la participación para "favorecer la calidad democrática y hacer las instituciones más permeables a las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía".
Muñoz ha explicado que las enmiendas parciales presentadas por la formación naranja tenían como objetivo dar mayor participación a las Cortes regionales en la elaboración, ejecución y revisión del Plan de Participación que prevé el proyecto de ley, evitar duplicidades y solapamientos con otras leyes y evitar también la creación de estructuras políticas "innecesarias" como el Observatorio Ciudadano.
Asimismo, ha propuesto atender las demandas de los agentes sociales con la creación de un Consejo de Diálogo Social que podría "aglutinar, absorber o encargarse" de las competencias del actual Consejo de Relaciones Laborales que, por tanto, tendría que ser derogado.
Por su parte, el diputado regional del PP Vicente Aroca ha defendido las cuatro enmiendas iniciales presentadas por su grupo parlamentario con el objetivo de favorecer la representación empresarial y sindical.
De igual forma, ha valorado dos puntos del proyecto de Ley de Participación como la creación del Portal de Participación Ciudadana y el Plan de Participación anual que informe de lo que pretenden llevar a cabo las distintas consejerías y áreas competentes en esta materia.
En el turno del grupo parlamentario socialista, su portavoz, Ana Isabel Abengózar, ha resaltado que la normativa propuesta supone "un avance más" en el modelo de participación de la región de manera que promueva mecanismos que permitan la participación "universal, transversal y vinculante".
Con respecto a las 57 enmiendas presentadas de manera inicial por el PSOE, ha dicho que están encaminadas a adaptar el proyecto de ley -que elaboró Podemos en la anterior legislatura en la que gobernó con el Partido Socialista la mitad del mandato- a los "criterios y valores" del grupo socialista y al compromiso del Gobierno regional con la ciudadanía.
Ha detallado que con las enmiendas parciales presentadas, el PSOE ha pretendido suprimir las referencias al Observatorio Ciudadano, por no ser necesario "en virtud del principio de austeridad", e incluir la creación del Consejo de Diálogo Social, así como mejorar la redacción y simplificar los textos de la norma.
Abengózar será además la ponente en el pleno, con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Cs, del dictamen que ha quedado aprobado este miércoles en la comisión de Asuntos Generales del Parlamento autonómico.