Movilizaciones e insumisión fiscal en Murcia tras el cierre del grifo del trasvase para regadío

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica de solo trasvasar agua para consumo humano por segundo mes consecutivo, en contra de lo expresado por la Comisión de Explotación, ha encendido todas las alarmas en Murcia, donde consideran que el Tajo-Segura está en peligro.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha anunciado movilizaciones "en continuo" y ha asegurado que buscarán fórmulas para dejar de pagar el 'tasazo' que abonan todos los meses como contraprestación por el agua del acueducto, como respuesta al "ataque" que supone el trasvase 'cero' para regadío en los meses de noviembre y diciembre.

En una rueda de prensa convocada este miércoles acompañado por los representantes de los regantes del trasvase de Alicante y Almería, Jiménez ha criticado que esta decisión "unilateral" del Ministerio para la Transición Ecológica contraviene las recomendaciones de los técnicos y se basa en información "falsa", al tiempo que trata de "culpabilizar a toda la agricultura levantina de las tres provincias de los problemas del Mar Menor".

"No vamos a pagar el pato de lo que está pasando en el Mar Menor", ha señalado el presidente del Sindicato, quien ha garantizado que habrá movilizaciones "sí o sí" pero todavía no han determinado cuáles serán por no tomar decisiones "en caliente". Adoptarán estas medidas tras someterlas al consenso de la Asamblea del Sindicato que tendrá lugar este jueves y en una próxima reunión del Círculo por el Agua.

En cualquier caso, Jiménez sí ha afirmado que los regantes dejarán de pagar el denominado 'tasazo' que supone un coste mensual de un millón de euros aproximadamente --unos 13 millones anuales--, para lo cual van a inventar "fórmulas de impago".

Si el Ministerio usa el criterio del Mar Menor, ha advertido que la agricultura "ha muerto" en Murcia, Alicante y Almería, y ha emplazado a los líderes políticos de las tres provincias a posicionarse en este asunto. "Pretenden cargarse esto a la brava cobrándonos la tarifa", lamenta el presidente del Sindicato, quien lo tacha de "desfachatez".

"La verdad es que el Gobierno central está empecinado en darnos un final de año abiertamente amargo", ha lamentado Jiménez, quien cree que el trasvase 'cero' aprobado en diciembre "significa, pura y llanamente, una decisión política desvergonzadamente falsa". Además, cree que "intenta culpabilizar a toda la agricultura levantina de un problema medioambiental como es el Mar Menor".

A este respecto, ha precisado que es una decisión "falsa" porque "hay agua", tal y como dicen los propios técnicos del Ministerio, a quienes "hacen una vez más caso omiso, menospreciándolos". Además, señala que es "falsa" porque "no está en riesgo el abastecimiento humano".

Además, advierte que la medida "pone en jaque también la propia desalación" porque, si no llega agua procedente del trasvase, esto práctica "es inviable no ya por el precio, sino por la propia regulación del recurso, que está preso en la costa y que solamente con el uso de comunidades de regantes cercanas a la desaladora es posible que otras comunidades puedan recibir recursos procedentes del trasvase".

Si no se emite un Decreto de Sequía a principios de la campaña para abrir pozos, si no se puede trasvasar agua y no se puede poner en marcha la desaladora, Jiménez se pregunta "con qué vamos a regar". A este respecto, cree que si alguien toma una decisión de este calibre, "debe tener un plan 'b'" que espera que el delegado del Gobierno les transmita este jueves. "Tendrá que decirnos el plan 'b', que contenga quizá subsidios para 100.000 personas", según Jiménez, quien ha afirmado que el 99 % de los regantes tiene sus negocios implantados "de acuerdo a la ley", no solo grandes empresas que se pueden ir a operar a otro país, sino pequeñas o medianas empresas "que son de aquí y los agricultores por cuenta ajena, que son legión y no se pueden ir a otro lugar".

Contundente reacción política en Murcia

El vicesecretario de Comunicación del PP murciano, Joaquín Segado, ha tildado de "inadmisible" la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de no autorizar un trasvase del Tajo-Segura para regadío, ya que se ha dado luz verde 7,5 hectómetros para consumo humano-, saltándose el criterio técnico por segunda vez de manera consecutiva, y lo ha considerado "un ataque frontal sin precedentes al conjunto de la Región de Murcia”. Lo más gravoso, tal y como ha indicado, es que, "en esta ocasión el Ministerio, saltándose la norma, ha puesto como excusa la situación del Mar Menor para no trasvasar agua".

Con esta decisión, ha añadido, "no se puede despreciar más a la Región de Murcia de lo que lo ha hecho el Gobierno de España, ya que es una decisión contraria a la Ley que tendrá consecuencias", ha puntualizado Segado.

En la misma línea, Vox ha calificado de "ataque frontal" a los regantes la decisión del Gobierno de denegar el trasvase de agua del Tajo al Segura para regadío con el "pretexto" de no contaminar más el Mar Menor y ha denunciado un "plan oculto" para acabar con esta infraestructura. Esta decisión, según ha dicho la diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, "viola los acuerdos la Comisión Técnica de Explotación del trasvase Tajo- Segura, que asegura que sí existen recursos disponibles".

Para Méndez, lo "más escandaloso" es que se use el "pretexto" de la contaminación "culpabilizando a los agricultores murcianos" y con un "desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de Murcia, Almería y Alicante" por parte de un Gobierno que "nada ha hecho" por el ecosistema del Mar Menor.

Vox, que defiende que se puede mantener el sector agrícola de la zona y preservar el Mar Menor, ha sumado en un comunicado a esta "amenaza" contra el trasvase la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de imponer nuevo caudales ecológicos en el Tajo de acuerdo a los criterios de la Red Natura 2000, "supuestamente más exigentes que los establecidos en la ley de aguas".

El partido de Santiago Abascal se pregunta en la nota si el gobierno va a permitir que un sistema de protección ambiental diseñado para otros fines pueda ser usado "en fraude de ley" para cerrar la infraestructura hidráulica "más eficiente y productiva" de España y "arrojar a Europa a un problema de inseguridad alimentaria".

En su opinión, estás dos "graves amenazas" evidencian un "plan oculto" del Gobierno socialista y sus aliados para cerrar el trasvase en esta legislatura, lo que, según dice, "está en armonía con otras estrategias de estrangulamiento de la economía en Andalucía y Murcia con la intervención de sus recursos financieros". "Nos reafirman en nuestra convicción de que no sólo la agricultura y la economía están en peligro, sino que la propia unidad de España es moneda de cambio en estos momentos de dificultad para nuestra patria", ha denunciado Vox.

De su lado,el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Molina, ha calificado de "auténtica barbaridad" la decisión del Ministerio de Transición Ecológica. "Nos parece inaudito que el Gobierno nacional se escude en la contaminación del Mar Menor para castigar a un sector concreto, en este caso el agrícola", ha destacado en la comparecencia previa a la celebración del Pleno de la Asamblea Regional.

"El problema del Mar Menor es complejo, y por eso no tiene una solución fácil, que es por la que parece haber optado el Gobierno nacional señalando así a la agricultura", ha añadido Molina. A su modo de ver, "hay muchos responsables y durante muchos años, y parte de la responsabilidad también recae en ese mismo Gobierno y sus organismos dependientes, desde la CHS a Costas".

Celebración en Castilla-La Mancha

Por contra, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado que, por segundo mes consecutivo, el trasvase de agua desde la cabecera del Tajo aprobado por el Gobierno central se limite a 7,5 hectómetros para garantizar el consumo humano, al tiempo que ha apuntado que el agua trasvasada en dos años completos serviría para llenar el mar Menor.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández ha defendido que Castilla-La Mancha "siempre será solidaria ante una necesidad que cubrir" y ha celebrado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ponga pie en pared frente al drenaje permanente que se hace del Tajo". En este sentido, ha recomendado al Levante que "encuentre alternativas viables, sin alharacas y sin confrontar", criticando que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se "extralimite en sus declaraciones".

"Hay que poner sentido común y tecnologías para dar alternativa al Levante y que su demanda no sea tan infinita como para que el Mar Menor se vea tan damnificado y maltratado por el uso de productos químicos de sus regadíos", ha rematado.

Sin embargo, la Generalitat Valenciana, también gobernada por el PSOE, recurrirá el acuerdo del Gobierno central sobre el trasvase Tajo-Segura "inmediatamente" cuando se publique la orden, para "defender los intereses de los valencianos". Así lo ha explicado el portavoz del PSPV en Les Corts y vicesecretario general socialista, Manolo Mata, a quien el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le ha trasladado que "inmediatamente se publique el acuerdo del Gobierno recortando el trasvase la Comunitat recurrirá".

Antes, el PP valenciano había exigido a Puig dicho recurso. "En esta decisión hay un componente de la investidura de Sánchez: no cabreemos a García-Page porque tengo que pactar con ERC", ha advertido en declaraciones a los medios el presidente del PP en Les Corts, José Císcar.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza, Carmen Crespo, también ha acusado al Gobierno de "asestar un nuevo golpe a Andalucía" al cerrar el trasvase Tajo-Segura para el riego de las explotaciones agrícolas de Almería, Alicante y Murcia.La consejera ha reclamado a Gobierno una "rectificación inmediata" y que "devuelva el agua de regadío" a los usuarios del trasvase, tal y como marca la ley", y a la ministra le ha pedido una reunión urgente.

Sobre este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deplorado "el nivel de agresividad" que está "empezando a notar en el Levante español" y ha afirmado que, tanto en la conversación que este martes mantuvo con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, como en otras ocasiones, ha quedado claro que esta legislatura va a ser determinante para reorientar en términos de sostenibilidad la política del agua, "algo de lo que hemos presumido ante todo el mundo durante la Conferencia del Clima celebrada en Madrid".

Dicho esto, García-Page ha lamentado que el agua que Castilla-La Mancha no puede usar termine siendo usada "de forma desproporcionada en Murcia, con miles de hectáreas de regadío ilegal". "No creo que, al afirmar esto, diga nada ni de derechas ni de izquierdas", ha opinado. "A todos, incluyendo a Murcia, les interesa entrar en un escenario novedoso y de sostenibilidad porque lo contrario nos lleva simple y llanamente a la quiebra del modelo, de que todos estemos padeciendo un problema, incluso quien se tendría que beneficiar del mismo", ha concluido.