El sindicato CSIF ha exigido la realización obligatoria de la prueba diagnóstica PCR del coronavirus para garantizar que no se producen contagios en la vuelta de los más de 17.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla-La Mancha, tras la redacción por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de una instrucción para la vuelta presencial al trabajo de los cerca de 200.000 empleados públicos de todo el país.

CSIF ha insistido en nota de prensa en que esta petición busca preservar la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los empleados públicos.

CSIF considera que se debe hacer test a todo el personal, incluidos los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha.

Además, han criticado que en los puestos de atención al público solo se recomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto y en cambio "no se garantiza la dotación de guantes y mascarilla ni para el trabajador ni para el público".

Imprescindible

CSIF considera "imprescindible" la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos, así como de los equipos de protección individual (EPIs) para el personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos.

Si con ello no fuese suficiente, también lamentan que en el documento "no se garantiza la implementación de las medidas preventivas puesto que serán cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar sus medidas y actuaciones preventivas". CSIF exigía evitar la discrecionalidad en la implementación de las medidas mínimas exigibles para garantizar la protección de la seguridad garantizando estas en el documento.

En definitiva, CSIF considera que la instrucción no reúne las condiciones imprescindibles de seguridad para abordar con garantías la reincorporación del conjunto de los empleados púbicos ni tampoco garantiza el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.