Gobierno y comunidades acuerdan poner un límite a los precios universitarios

El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas han acordado han aprobado este miércoles una poner un límite máximo a los precios universitarios el próximo curso, lo que implica que no podrán aumenta y supondrá además rebajar el precio de las primeras matrículas en la mayoría de las comunidades españolas.

El acuerdo ha contado con el voto "mayoritario" de las comunidades y se ha producido en una reunión telemática de las Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el ministro Manuel Castells, que había propuesto a los gobiernos autonómicos fijar en un máximo de 18,46 euros el precio del crédito de primera matrícula en toda España, lo que supondría un 15% más del precio medio de crédito universitario que existía en el curso 2011-2012, cuando empezaron a encarecerse.

De este modo, la propuesta del Ministerio obliga a diez comunidades autónomas a rebajar sus precios el próximo curso, sobre todo Madrid y Cataluña, que actualmente superan esos 18,46 euros por crédito. Las siete comunidades restantes (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia) no tendrían que reducir los precios de la primera matrícula, porque actualmente ya son más bajos que en el curso 2011-2012.

Lo acordado este miércoles rebaja el objetivo que planteaba el ministro Castells hace solo unas semanas, que era devolver los precios de las primeras matrículas universitarias a los niveles de 2011-2012. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros eliminó el pasado 5 de mayo del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias que introdujo en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese sistema de horquillas provocó, según el Gobierno, un incremento medio del 17% del precio del crédito universitario, con mucha disparidad entre comunidades autónomas. Con su derogación, Castells pretendía consensuar con todas las comunidades un precio máximo de la primera matrícula universitaria para el próximo curso, y el 7 de mayo pidió a los gobiernos autonómicos que calculasen el impacto económico que supondría devolver los precios a los niveles de 2011.

"Al trato que hemos llegado con las comunidades es que me dan un numerito y yo hablo con Hacienda para ver hasta dónde podemos llegar", explicó Castells aquel 7 de mayo, en el Congreso, tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria.

Castilla-La Mancha

En nota de prensa, la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado que la región está por debajo del techo de precios públicos que el Ministerio pretende marcar a las autonomías a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre estudiantes.

La consejera de Educación ha recordado que el precio actual de la matrícula universitaria en la región está por debajo de la media nacional. "Mientras que en Castilla-La Mancha el valor medio es cercano a los 16 euros, otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña lo tienen muy por encima, con precios superiores a los 20 euros".

Además, Rosa Ana Rodríguez ha concretado que el precio máximo que va a fijar el Ministerio de Universidades a las autonomías está por encima también de los precios que viene aplicando Castilla-La Mancha desde hace años.

"Estos datos nos llevan a no tener que hacer ninguna modificación al respecto y ponen de relieve la política de precios públicos universitarios que desarrollamos la pasada legislatura", ha destacado la consejera. "Una política que contempla medidas como la reducción de los precios de Máster, la congelación de los de matrícula hasta 2021, la gratuidad de reconocimiento de créditos y la bonificación de 100 euros para aquellos alumnos de la región que estudian fuera de su provincia", ha añadido.

Por último, la consejera de Educación ha recordado que a todo esto hay que sumar los anuncios realizados en la pasada comisión sobre la gestión del COVID-19, donde se comprometía congelar, un año más, las tasas universitarias, así como apostar por una política de becas que contrarreste los desajustes que hayan podido surgir a consecuencia de la pandemia.