IU critica el discurso "antiokupa" de Page y le exige viviendas públicas "asequibles y de calidad"
Izquierda Unida (IU) Castilla-La Mancha ha pedido al presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que "abandone su posición populista" en relación a la ocupación ilegal y que ofrezca viviendas públicas a las familias en peor situación económica.
Así se ha pronunciado el coordinador regional de IU CLM, Juan Ramón Crespo, tras conocerse que el Gobierno regional abre la puerta, con la toma en consideración este martes por parte del Consejo de Gobierno, a una proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación.
Crespo ha tildado de "absoluta mezquindad" comparar toda ocupación con delincuencia y de "lamentable" escuchar a alcaldes, presidentes de diputaciones y parlamentarios del Parlamento autonómico "con este mismo discurso", y ha añadido: "Pretenden comparar toda ocupación con delincuencia y es radicalmente falso".
Según el líder de la formación política, más del 95 % de las casas que se ocupan son viviendas que están cerradas desde hace años y que se encuentran "en manos de bancos y fondos buitre", mientras que un porcentaje "ínfimo" son viviendas de propietarios privados, "la mayoría también cerradas desde hace años".
El coordinador regional de IU CLM ha afirmado que las personas necesitan un lugar donde residir y echar a la gente de las casas sin darles una solución ni una oportunidad lo único que hace es trasladar el problema de un pueblo a otro porque "necesitan un techo para su familia".
Crespo ha hecho hincapié en que "no es lógico" que en un país donde hay más de tres millones de viviendas vacías haya familias que no tengan un lugar que habitar y ha abogado por dar respuesta al derecho constitucional a la vivienda, ofertando desde las administraciones públicas la posibilidad de acceder a ellas.
Además, ha recordado que García-Page lleva gobernando más de cinco años en la región por lo que le ha considerado "principal responsable" de que no haya "una política de vivienda pública asequible y de calidad" y de que la Ley de Vivienda lleve "más de cinco años en un cajón", ha concluido.