Las 19 reivindicaciones del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha a cinco días de la huelga

El Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha se suma a la huelga convocada a nivel nacional el próximo 27 de octubre, martes, y al margen de las reivindicaciones compartidas en el ámbito estatal han sumado una veintena de exigencias para el Gobierno castellano-manchego.

Así, reclaman al Ejecutivo de Emiliano García-Page una adecuación de las plantillas orgánicas para que sean autosuficientes; clarificar los tiempos para la asistencia, formación, docencia e investigación; eliminar las Gerencias integradas con separación de la Atención Primaria de la Hospitalaria y cada cual con su dotación presupuestaria; o un sistema de fidelización de todos los médicos residentes con contratos estables de al menos dos años de duración.

Exigen igualmente equipos de Protección Individual "en cantidad y calidad para todos los profesionales", así como PCR o test para todos; garantizar la seguridad de profesionales y pacientes; incentivar los puestos de difícil cobertura; la reactivación de la carrera profesional como reconocimiento; y la equiparación de las guardias de todos los residentes.

Denuncian una "gran sobrecarga"en Primaria

Plantean otras seis peticiones en el ámbito de la Atención Primaria ante la "gran sobrecarga asistencial que actualmente soporta", así como para aumentar la capacidad resolutiva de esta primera instancia sanitaria.

En esta línea, exigen recursos humanos adecuados, menos burocracia, cupos de 1.500 pacientes en Medicina Familiar y de 1.000 en Pediatría con 10 minutos por paciente; y un presupuesto suficiente, alcanzando el 25 % del total del gasto sanitario.

Piden, igualmente, mejorar la dotación material y tecnológica, con acceso a todas las pruebas diagnósticas; y mejorar la comunicación entre niveles asistenciales, con protocolos, vías clínicas y gestión de procesos.

Aumentar el tiempo para la formación continuada y la investigación; Puntos de Atención Continuada bien dotados de personal y material; transporte sanitario para visitas domiciliarias; y condiciones laborales dignas.

Según el comunicado de prensa emitido por la formación sindical, la mayoritaria entre los facultativos de la región, el Real Decreto Ley del Gobierno estatal que implementa las medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 plantea extremos "inaceptables", ya que "desmantelan y dan la puntilla a un Sistema Nacional de Salud ya deteriorado por las circunstancias actuales".

En su opinión, supone además "un grave atentado contra la dignidad de los facultativos y la seguridad de los pacientes". "También condenamos la situación en la que se encuentra nuestra sanidad sobre todo la Atención Primaria".

Años sufriendo "recortes"

Apuntan desde el sindicato que el Sistema Nacional de Salud sufre desde hace años "recortes que se han ido realizando con los distintos gobiernos, fruto de la insuficiencia financiera y de graves defectos de planificación y gestión que afectan negativamente a su viabilidad, perjudicando la calidad asistencial que se debe proporcionar a ciudadanos y pacientes".

Estas carencias se manifiestan en la "deficiente planificación y análisis de las necesidades de profesionales calculando mal las plazas de Formación Sanitaria Especializada y las carencias crecientes de las estructuras docentes que la soportan".

A ello hay que añadir una política de personal "que ha abusado en exceso de la temporalidad, con unas limitaciones a la contratación derivadas de la imposición de unas tasas de reposición restrictivas, lo que nos ha conducido a una precariedad laboral inaceptable que impide el desarrollo profesional".

"La emergencia sanitaria nos ha sorprendido en una situación de déficit estructural de profesionales sanitarios, infradotación de plantillas y fuga masiva de médicos. En los más de siete meses que llevamos de pandemia, sólo se han ido adoptando soluciones temporales, a costa de la asistencia sanitaria no COVID y de la salud y seguridad de los profesionales", lamentan desde CESM.

Después de siete meses de pandemia, "y plenamente advertidos de la inminencia de una segunda ola, volvemos a estar desbordados, y la única solución que ofrece el Estado es imponer un Real Decreto Ley que atenta contra la dignidad de los facultativos y la seguridad de los pacientes".

En opinión del Sindicato Médico castellanomanchego, este Decreto aprobado el pasado 29 de septiembre "invalida el sistema de especialidades sanitarias al permitir ejercer como especialista a los profesionales que no tienen la especialidad"; afecta a los profesionales, "en especial a los médicos, al modificar unilateralmente sus condiciones laborales y obligarles a ejercer una especialidad que no es la suya"; y "somete a los profesionales a un estrés innecesario, que afecta gravemente a su salud".

Igualmente, consideran que "compromete gravemente la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes", al tiempo que "permite a la Enfermería realizar funciones propias del personal médico de Atención Primaria.

"Los ciudadanos deben saber que con esta normativa se va a poner en juego su salud, permitiendo que se contraten médicos que en muchos casos no tendrían la debida formación, mientras que los nuestros debidamente formados huyen al extranjero por las malas condiciones laborales", aseveran.

Huelga el próximo martes

Por todos estos motivos, explica el sindicato, los sindicatos médicos a nivel nacional han convocado la huelga del próximo martes, 27 de octubre. Entre sus reivindicaciones a nivel estatal, resaltan ocho peticiones expresas.

Así, piden retirar este Real Decreto, exigen plantillas "adecuadamente dimensionadas", instan a mejorar las condiciones laborales y formativas del colectivo MIR y reclaman un presupuesto adecuado para una asistencia de calidad con un aumento progresivo de la financiación para adecuarla a la media de los países europeos.

Quieren igualmente la "reversión de los recortes que se aplicaron en 2010", una modificación del Estatuto Marco que permita una Jubilación flexible y voluntaria entre 60 y 70 años, mejorar las condiciones laborales y de la presión asistencial adecuadas en todo el Sistema Nacional de Sanidad y un pacto de Estado por la sanidad "que asegure la calidad asistencial, desde el consenso y el diálogo de todos los partidos políticos, pacientes y profesionales".