Familias de Castilla-La Mancha derivadas a la beneficencia ante la incapacidad de las administraciones
Podemos Castilla-La Mancha ha denunciado este lunes que los servicios sociales tienen que derivar a personas sin recursos a organizaciones benéficas, ante la falta de recursos públicos.
Así lo ha señalado el coordinador autonómico de la formación morada en la región, José Luis García Gascón, en una reunión telemática con integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, ha informado Podemos en nota de prensa.
Según el partido morado, ambas organizaciones han compartido la necesidad de garantizar una renta mínima autonómica para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso y han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno regional de eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
En este sentido, el Colegio de Trabajo Social ha señalado que, si bien el IMS en Castilla-La Mancha era "de los peor dotados del país y uno de los que a menos porcentaje de población llegaba", esta ayuda servía de garantía mínima de ingresos a muchas familias mientras se realizaba el tránsito al Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, ha advertido de que la situación actual es "extremadamente grave" porque muchas familias castellanomanchegas se han quedado sin ingresos y, ante la falta de herramientas públicas, tienen que ser derivadas a organizaciones benéficas, lo que, a su juicio "perpetúa la desigualdad".
García Gascón ha reiterado la importancia de que se ponga en marcha la Ley de Garantías Ciudadanas que el Ejecutivo regional "mantiene en un cajón, mientras hay familias totalmente desprotegidas", ha lamentado.
Por su parte, el secretario del Colegio de Trabajo Social, Felipe Cano, ha reivindicado también la necesidad de volver a retomar la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, cuyo anteproyecto también está "aparcado", ha dicho, y ha pedido aumentar el parque de viviendas públicas, mejorar su gestión e incorporar a los servicios sociales.
En este punto, las dos organizaciones han valorado el proyecto de Ley 'Antiokupación' y, según Podemos, la han considerado "populista" y que "se sostiene en una alarma que no es real", puesto que han asegurado que no es cierto que la ocupación ilegal de viviendas vaya en aumento.
También han abordado la necesidad de reforzar el sistema de cuidados en la región y han mostrado su "preocupación" por la situación de las residencias de mayores en Castilla-La Mancha.
La situación de las residencias
De hecho, la vicepresidenta del Colegio de Trabajo Social, Elena Galán, ha denunciado la "criminalización" que soporta el sector de la atención residencial y la vulneración de derechos que sufren las personas mayores y sus familias en cuanto a información y participación.
De otro lado, el presidente de la organización colegial, Florencio Alfaro, ha reivindicado la necesidad de "requerir la colegiación" a todas las personas que ejercen el trabajo social, y ha apuntado que quien más incumple con esta obligación es "la propia Administración regional y algunos ayuntamientos".