El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dictado nuevas medidas para los centros sociosanitarios de la región ante el "acusado incremento de la incidencia de la covid-19 en todos los grupos de edad" y, en particular, en las residencias de personas mayores, donde está habiendo un "incremento paulatino" del número de casos, brotes y hospitalizaciones. La resolución publicada este lunes por la Consejería de Bienestar Social en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) llega después de que el Tribunal Supremo avalara al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para tumbar algunas partes de la anterior normativa, como la que hacía obligatoria para todos los trabajadores de las residencias de mayores el someterse a pruebas periódicas de diagnóstico.

Tras la decisión judicial, la Administración regional se conforma ahora con "promover" la vacunación entre los trabajadores y recomendar tomar la temperatura diaria y realizar pruebas diagnósticas dos veces semanales a los empleados no vacunados, además de que no atiendan a residentes que no hayan completado la vacunación.

Como medidas generales, Bienestar Social ha establecido que se informará a residentes, trabajadores y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer covid-19 después de la vacunación, el riesgo no desaparece por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas.

También se promoverá "de forma activa la vacunación, identificando las causas que reducen el acceso o la aceptación de la misma, desarrollando estrategias para incrementar al máximo las coberturas, siempre con la participación de los centros", y se garantizará que se mantengan las medidas de higiene y prevención.

Uso de la mascarilla

La mascarilla será obligatoria para los residentes cuando se encuentren en espacios comunes cerrados, así como en los espacios exteriores si hay un brote en el centro, respecto a lo cual la detección de un solo caso positivo (trabajador o residente) se considerará un brote a efectos de intervención.

El régimen de visitas se mantendrá en dos semanales, en caso de que haya un brote en el centro se recomienda que el visitante haya completado la pauta de vacunación y en todo caso la persona que acuda a un centro sociosanitario de visita no debe presentar un cuadro clínico compatible con coronavirus ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado.

En los centros de día de mayores y personas con discapacidad, servicios de estancias diurnas, centros de mayores y hogares de jubilados, así como Servicios de Promoción de Autonomía Personal, la resolución indica que se promueva la vacunación de los trabajadores y recomienda que a los empleados no vacunadas no se les asigne el cuidado de residentes que no hayan completado la vacunación.

Asimismo, se recomienda que durante siete días los trabajadores que regresen de permisos y vacaciones en las que hayan estado más de quince días, no estén en contacto con residentes no vacunadas.

Control

También se recomienda realizar semanalmente prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a todos los trabajadores vacunados o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses, y a los que rechacen la vacuna o no hayan completado la pauta se recomienda control de temperatura diaria y pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) dos veces por semana.

En un comunicado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que "el Gobierno regional acepta, como no puede ser de otra forma, la decisión de los jueces y publicamos nuevas medidas, sólo recomendando las pruebas preventivas".

Ha agregado que el "único objetivo" del Ejecutivo regional es "proteger a toda ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito social y en el ámbito económico, y en esta línea estudiamos la manera de poner medidas preventivas en marcha dentro del marco legal".