La anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto de plusvalías ha causado un terremoto económico en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha y del resto de España, que anualmente ingresan cuantiosas cantidades gracias a este tributo que ahora ha quedado judicialmente desactivado. La preocupación por la situación presupuestaria en la que quedan los consistorios y la incertidumbre sobre si el Gobierno de España va a compensar esta pérdida es generalizada en todo el país en un momento en el que las administraciones locales están definiendo sus presupuestos para 2022, que ahora pueden quedar en el aire y tendrán que ser redefinidos.
La alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Milagros Tolón, ha afirmado este miércoles que esta anulación requiere “una solución urgente” por parte del Ministerio de Hacienda y de las Cortes Generales para paliar la inseguridad jurídica y la merma de ingresos que supone esta medida.
Milagros Tolón, que participará este jueves en un encuentro con motivo del 40 aniversario de la FEMP, ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo y el resto de entidades locales "estamos expectantes y preocupados por determinar en qué se traduce la sentencia del Tribunal Constitucional".
La alcaldesa ha precisado que “cuando hablamos de impuestos estamos hablando de los servicios públicos que los ayuntamientos prestamos a la ciudadanía”. En este caso, el Consistorio toledano estima en 5,2 millones de euros la recaudación anual por este impuesto por lo que se hace necesario “una solución urgente” por parte del Gobierno de España “para que podamos seguir prestando los servicios”.
Esta resolución confirma la reclamación que se venía realizando desde la FEMP para la modificación de la ley que da cobertura a este impuesto, ha señalado la alcaldesa, al tiempo que ha apuntado la necesidad de abordar la reforma de la financiación local para un reparto más justo de los recursos que vienen demandando las entidades locales.
En la misma línea y en declaraciones a Efe, el vicealcalde de Toledo y concejal de Urbanismo y Vivienda, Hacienda, Patrimonio y Contratación del Consistorio toledano, José Pablo Sabrido, ha admitido que la nulidad de este impuesto "afecta de manera importante a los ingresos" del Ayuntamiento y por ello ha pedido al Ministerio de Hacienda y al Congreso de los Diputados que den "una solución urgente a este tema".
"Tienen que resolver con carácter inmediato la financiación del próximo año", ha urgido Sabrido que ha propuesto también hacer un análisis más en profundidad para que "se resuelva con carácter definitivo" la financiación local. Asimismo, ha insistido en que, más allá de solventar esta cuestión con rapidez, la financiación de las administraciones locales tiene pendiente una "reforma en profundidad".
Guadalajara paraliza los presupuestos
La situación ha generado que el Ayuntamiento de Guadalajara, incluso, haya paralizado "por prudencia" la aprobación de los Presupuestos Municipales de Guadalajara para 2022. En el caso de la capital guadalajareña, el impuesto de plusvalías suponía unos seis millones de euros en recaudación anual, casi el 10 % de las cuentas municipales, unos ingresos que ahora no se sabe si van a seguir o no a disposición de los consistorios ni a cuanto pueden ascender.
Lucía de Luz, concejala de Economía y Hacienda de Guadalajara.
El anuncio lo ha realizado esta mismo miércoles, en una convocatoria de prensa urgente, la concejala de Economía y Hacienda, Lucía de Luz, comparecencia en la que ha reconocido que los presupuestos estaban ya "cerrados" e iban a llevarse a Junta de Gobierno para la próxima semana pero que no podrán entrar en vigor en enero del próximo año, como tenían previsto.
"Lo hacemos por prudencia, aunque ahora mismo no sabemos qué es lo que va a pasar", ha señalado De Luz, quien prefiere esperar a ver detalladamente lo que recoge la sentencia del TC para calcular las consecuencias que va a tener para este Consistorio. En todo caso, la concejala la asegurado que "ahora mismo no afecta a la estabilidad económica del Ayuntamiento" pero ha reconocido que puede influir en ejercicios futuros, mostrándose preocupada por una sentencia que "puede ser un duro golpe a la financiación de todas las entidades locales", ha dicho.
En la misma línea, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías (Cs), ha defendido que la anulación del impuesto "deberá compensarse en las cuentas municipales". En el caso de la capital ciudadrealeña, el Consistorio dejará de percibir 1,5 millones de euros anuales. Ante esta circunstancia, ha apuntado que los servicios que se encargan de la gestión económica del Ayuntamiento, con el concejal de Hacienda a la cabeza, Nicolás Clavero, "están estudiando" cómo puede repercutir en las arcas municipales la anulación de este impuesto y cómo se debe incorporar esta ausencia de ingresos al actual presupuesto que se está elaborando.
En Cuenca capital, el dinero que se pierde son 2,7 millones correspondientes al año 2021. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Manuel Martínez, ha reconocido que existe "cierta preocupación" y ha mostrado su temor de que el presupuesto del año 2022 quede "muy mermado" si no se puede contar con esos ingresos.
Martínez ha indicado, en declaraciones a Efe, que están pendientes de conocer el contenido de la sentencia y su alcance, pero ha admitido que "solamente los anuncios que se están haciendo ya preocupan bastante" ya que el impuesto de plusvalías se trata de una fuente de ingresos "importantísima", siendo el segundo o tercer impuesto que más recauda en la ciudad, al margen del IBI.
Albacete no pierde la esperanza
El Ayuntamiento de Albacete había previsto recaudar este año por el impuesto de plusvalías un total de 5,3 millones de euros, el 7,8 % de los ingresos corrientes previstos en el actual presupuesto municipal correspondiente a 2021, aprobado en marzo. Así lo ha indicado en declaraciones a Efe, la concejala de Hacienda del Consistorio albaceteño, María José López, quien ha hecho "una llamada a la prudencia", a la espera de conocer el texto completo de la sentencia.
Ante el anuncio del Ministerio de Hacienda advirtiendo de que revisará este impuesto municipal para garantizar su constitucionalidad y que buscará asegurar la financiación de los consistorios, López ha insistido en que por ese motivo pide "prudencia". Se ha referido a que siguen en suspenso las reglas fiscales, "lo cual da cierta esperanza".
Ha expuesto que "hasta no conocer el texto completo del auto del TC puede ser precipitado hablar de que los municipios pierden todos los ingresos por este concepto tributario o aseverar qué supuestos siguen vigentes".
Preocupación sindical
Ante el nuevo escenario de incertidumbre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla-La Mancha ha asegurado mediante un comunicado que "velará por el empleo y por las condiciones laborales de las plantillas municipales tras la anulación del impuesto de plusvalías por parte del Tribunal Constitucional, la segunda fuente de ingresos tributarios de los ayuntamientos".
Desde CSIF, además, advierten de que "la anulación del impuesto y sus efectos sobre la financiación local no pueden afectar de ninguna manera a las ofertas públicas de empleo en marcha ni a los salarios de los empleados públicos ni mucho menos a la calidad de los servicios municipales a la ciudadanía".
Petición de prudencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado estar a la espera de la interpretación del Ministerio de Hacienda sobre la sentencia para conocer "cuál es la afección real", aunque ha confiado en que esa modificación "no perjudique la financiación de los ayuntamientos". A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha recordado que el Partido Popular fue quien modificó la ley y los artículos que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales, por lo que ha pedido a los 'populares' que den explicaciones "en lugar de intentar imputar esa inconstitucionalidad al Gobierno actual".
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de España.
De su lado, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia del Constitucional. "Estamos esperando el contenido de la sentencia y, como anunciamos ayer, estamos viendo la fórmula en la que abordar esta nueva reacción de ese impuesto para los ayuntamientos, que es una de las vías importantes de ingreso de las arcas municipales", ha manifestado Rodríguez este miércoles en declaraciones a los medios tras su reunión con el director del Instituto Cervantes.
Carlos Velázquez, presidente del PP en la provincia de Toledo.
El presidente del PP en la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado que "es imprescindible que el Ministerio de Hacienda atienda la propuesta del Partido Popular y habilite, a la mayor brevedad, un fondo compensatorio para paliar las consecuencias de su desidia sobre los ayuntamientos, porque de lo contrario será inviable que puedan hacer frente a la financiación de los servicios municipales".
En este sentido, Velázquez ha recordado que el Ministerio de Hacienda ha ignorado durante tres años la Propuesta de Ley que el Partido Popular presentó en 2018 para la regulación del tributo de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional. "Si la ministra hubiera hecho su trabajo durante este tiempo, ni los ayuntamientos, ni los contribuyentes se encontrarían ahora en esta situación de total indefensión. Una vez más, Sánchez acrecienta los problemas en lugar de crear las herramientas legales para solucionarlos", ha finalizado.
