El imparable proceso del cambio climático, que en el sureste peninsular se materializa en una alarmante caída de precipitaciones y la consiguiente sequía, ha acentuado aún más la denominada 'guerra del agua' en torno al envío de caudales desde el Tajo a la deficitaria cuenca del Segura.
El concepto de 'solidaridad' es enarbolado tanto por los pueblos de interior del alto Tajo por su derecho a utilizar este bien escaso para desarrollarse como también por parte de los usuarios de Murcia, sur de Alicante y norte de Almería, un amplio territorio cada vez más desértico que lucha por sobrevivir con su forma de vida: la conocida como 'huerta de Europa'.
Inaugurado en 1979 con una capacidad máxima de 1.000 hectómetros cúbicos al año, en sus cuatro décadas de vida el acueducto Tajo-Segura ha transferido un volumen medio anual de algo más de 300 hm3, de los cuales 2/3 partes han ido al regadío y el 33 % a abastecimiento urbano.
En pleno debate sobre la modificación de las reglas del trasvase, que reducirán las transferencias mensuales al Segura, María Ángeles Sierra, la presidenta de la Asociación de municipios ribereños de los embalses de cabecera del Tajo, los de Entrepeñas y Buendía, señala a Efe que los vecinos quieren poner fin a los trasvases porque sin agua en la cuenca cedente no hay posibilidades de desarrollo "de ninguna clase" y la gente "se va de los pueblos".
Dar vida a los pueblos
En la última década, las 22 localidades ribereñas han perdido uno de cada cinco habitantes hasta quedar en unos 9.000, por lo que Sierra confía en un acuerdo sobre "unos mínimos no trasvasables que permitan dar vida a los pueblos", toda vez que los dos pantanos están solo al 22 % y 25 %, respectivamente, de su capacidad.
El "criterio básico de la solidaridad para que todos los ciudadanos tengan acceso al agua en cantidad y en calidad suficiente" es uno de los argumentos que sostiene el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, del PSOE, quien asegura que su gabinete desea lo mismo tanto para las áreas manchegas que sufren la sequía como "para el resto de territorios del país, también para el Levante".
Tras incidir en que los pueblos de la España interior, como el alto Tajo, "necesitan agua para desarrollarse", Martínez sostiene que Castilla-La Mancha tiene la "mano tendida" con las zonas receptoras y no rechaza los trasvases para consumo humano sino que únicamente ha recurrido para el regadío.
Martínez está convencido de que las últimas medidas del Ministerio de Transición Ecológica para reducir los envíos mensuales harán que caiga poco a poco el agua al Segura, una situación de la que los regantes receptores son "conscientes", al percibir que "su futuro depende de las desalinizadoras y no del trasvase, porque cada vez hay menos agua".
Desertificación del sudeste
Por el contrario, el consejero murciano de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, del PP, ha defendido a Efe que es vital defender un trasvase basado "en la solidaridad entre comunidades que permite mantener cerca de 100.000 empleos directos e indirectos" en la región y que es beneficioso medioambientalmente por mantener unos regadíos que detienen la desertificación.
Ha explicado que el Tajo-Segura ha supuesto para Murcia un crecimiento económico y social "sin precedentes" en la historia, y ha destacado que el uso del agua es modélico ya que la región es la que "más reutiliza y mejor uso da, consciente de la importancia que tiene un bien tan escaso".
El presidente de los regantes receptores de la conducción (SCRATS), el murciano Lucas Jiménez, ve el previsible recorte de caudales motivado más en las decisiones políticas que en necesidades ecológicas del Tajo, y ha advertido de que la disminución provocará un daño "irreparable" a los habitantes del sureste.
"El agua genera vida y oportunidades de vida", ha subrayado Jiménez, quien además ha apuntado que el recurso hídrico del trasvase "es el óptimo para el cultivo y el abastecimiento humano".
Desde la patronal empresarial murciana (Croem) ven "intocable" el trasvase para sostener el PIB regional, y urgen a que deje de estar sometida a las actuales tensiones e "incertidumbres".
Un millón de habitantes beben del Tajo-Segura
Desde el sur de la Comunidad Valenciana, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, coincide en que el agua del Tajo es "totalmente insustituible e imprescindible" porque afecta a "toda" la estructura socioeconómica.
Esto es así porque más del 60 % del regadío de Alicante depende el Tajo y más de 1,2 millones de habitantes de la provincia bebe de esta fuente.
Según Melgarejo, más del 95 % de la superficie regada con el trasvase es por goteo, lo que hace que la sustitución del Tajo-Segura por otras fuentes (como la desalinización) no se justifique ambientalmente por el significativo mayor coste energético, económico y también "contrario a las normas de la 'economía verde' y, por lo tanto, de la transición ecológica".
El alcalde de Orihuela, el 'popular' Emilio Bascuñana, recibe las noticias de disminución de agua como "una agresión directa a la línea de flotación de la ciudad" porque repercute en los dos motores económicos del sur de la Comunidad Valenciana: el agroalimentario y el turismo.
Para el alcalde alicantino, el cambio de las normas del trasvase responde a un "capricho o amiguismo" pese a que "pone en riesgo la huerta de Europa" de la que viven, solo en el caso de Orihuela, más de 1.500 familias.
"La desalinización nunca da un agua de tan buena calidad como la de lluvia, la del trasvase, y además genera residuos como la salmuera, además de necesitar una gran cantidad de energía que no tenemos, y menos hoy, para bombearla e impulsarla tierra adentro", según Bascuñana.
