El Gobierno regional eleva la inversión en Bienestar Social a 900 millones, la mayoría para dependencia

La Consejería de Bienestar Social desembolsará un total de 900,8 millones de euros en el ejercicio 2022 a lo largo de sus diez programas de actuación, más del 65% --586 millones de euros-- para el capítulo de Atención a la Dependencia, un montante total que supone un 7% más de gasto con respecto al presente año, hasta destinar 2,5 millones diarios a estas políticas.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de las Cortes para dar cuenta de las intenciones en cuanto al gasto de su departamento.

Según los datos ofrecidos por García, entre las novedades que contempla el presupuesto se encuentra la aplicación de la futura Ley de Atención Temprana, que espera alcanzar prestación a más de 6.000 niños al año.

También ha comentado que 9,3 millones de euros se irán a mantener el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que volverá a cohabitar con el Ingreso Mínimo Vital que perciben 12.000 personas; gasto incardinado en el capítulo de 47 millones de euros en prestaciones, que incluye además 500.000 euros para ayudas de emergencia para pagar recibos de la luz.

El gasto del próximo año contempla una nueva área de actuación --la décima dentro de la Consejería-- para la implantación de sistemas de comunicación e información.

Un área que se despliega a lo largo de cuatro líneas de actuación, que pasan por 1,5 millones de euros para modernizar la tecnología en centros de mayores; 4,3 millones para capacitación digital de personas vulnerables; 1,2 para un centro virtual de apoyo a adultos que fueron menores tutelados; y 0,5 millones para material para centros de Atención a la Discapacidad.

"Tenemos ante nosotros uno de los esfuerzos inversores más importantes de la historia. El total de la sección tendrá 66,8 millones en inversiones a todas las áreas de gestión", ha señalado.

García Torijano ha detallado que los presupuestos del Gobierno regional para políticas sociales "tienen una visión de progreso, futuro y responsabilidad", y se dividen en cuatro grandes bloques: inversiones para modernizar infraestructuras y servicios, el desarrollo de la Sociedad de la Información, medidas contra la despoblación a través de políticas sociales y la consolidación del modelo de atención centrado en la persona.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social ha subrayado que, a lo largo de 2022, "se acometerán inversiones en reforma y modernización de centros de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y menores, por valor de 63,7 millones de euros".

Así, esta cuantía presupuestaria recoge, entre otros proyectos, las obras de adecuación de 46 centros de mayores por valor de 7,6 millones de euros, con la finalidad de adecuar espacios e instalaciones a las nuevas necesidades, mejorar la accesibilidad y mejorar la calidad de la atención.

También contempla las obras de adaptación y reforma de residencias de mayores de titularidad propia con una inversión de 21,5 millones de euros, con el objetivo de adaptar los centros a las nuevas necesidades. Entre estas actuaciones destacan la nueva residencia 'Los Olmos', en Guadalajara, o la residencia de mayores 'Núñez de Balboa', en Albacete.

Además, contempla "tres nuevos centros destinados a la atención a las personas mayores como es el caso del Centro de Día de Tarancón y los Centros especializados para personas con Alzheimer de Albacete y Talavera de Reina, con un presupuesto de 7,8 millones de euros", ha apuntado García Torijano.

En el caso de las obras, reformas y equipamiento de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad, suponen un total de 17 actuaciones inversoras, con un presupuesto de 18 millones de euros. En el área de protección y acompañamiento a los menores, se destinarán "6,6 millones de euros para reforma y adaptación, en el Centro 'Arco Iris' y 'Albaidel'", ha puntualizado.

Lucha contra la despoblación

Para facilitar la permanencia de las personas en situación de dependencia en su domicilio y en su entorno más cercano, la consejera ha detallado algunos de los proyectos que recogen los presupuestos para 2022 en el capítulo de lucha contra la despoblación.

Entre ellos, el servicio de comidas a domicilio en el entorno, del que la consejera ha avanzado que "se trata de un programa complementario al servicio de Ayuda a Domicilio, dotado con 5,1 millones de euros que, de la mano de las diputaciones, vamos a poner en marcha y reforzarlo con la formación del personal de ayuda a domicilio".

Grupos parlamentarios

La diputada de Cs, Elena Jaime, ha valorado las explicaciones de la consejera, pero sido muy crítica con la "falta de coordinación" en residencias de mayores a la hora de frenar el COVID, poniendo el acento en el incumplimiento de varios acuerdos suscritos con su grupo político dentro del plan de recuperación post pandemia.

Una pandemia, ha destacado, que "ha hecho incrementar la pobreza", lo que "ha derivado en más desigualdades sociales", con más de un 6% de la población regional que "no puede llegar a fin de mes".

"Estamos convencidos de que no se puede dejar a nadie atrás. Acordamos la revisión de ayudas excepcionales y la creación de un registro único a prestaciones sociales. Quiero que nos explique si esto se está desarrollando en estos momentos", ha dicho.

La parlamentaria también ha tenido palabras de crítica para la ejecución presupuestaria de algunos programas durante este año, al tiempo que ha mostrado su "decepción" por la gestión de la Dependencia o por el "abandono" de las políticas de infancia.

El diputado del PP Vicente Aroca ha reparado en un incremento de 234.000 euros destinado a altos cargos, y en el capítulo de inversiones ha planteado dudas como los 680.000 euros para inversiones, preguntando a dónde van a ir a parar y reclamando información sobre si el aumento se deriva de fondos europeos.

Sobre la atención de Dependencia, ha preguntado por la deuda que el Gobierno estatal tiene todavía con el Gobierno regional en esta materia, una cifra que era de 500 millones de euros el año pasado. "Conteste. Es sencillo", le ha dicho, preguntando expresamente por los periodos de pago.

Hay, según sus cálculos, más de 8.000 personas pendientes de ser valoradas o de recibir por fin la prestación de la Dependencia, por lo que ha reclamado una mayor agilidad a la hora de resolver las solicitudes.

"Veo necesaria una apuesta más decidida por las viviendas para mayores en zonas rurales y me llama la atención la disminución de tres millones de euros en plazas concertadas", ha abundado el diputado.

También se ha mostrado interesado por el número de menores acogidos por la región, poniendo la crítica en que hay partidas "insuficientes" a este respecto.

El diputado Pablo Camacho ha sido el encargado por parte del PSOE de mostrar la posición de su Grupo Parlamentario, defendiendo que la política de este Gobierno pasa por medidas para lograr "una salida justa" de la crisis causada por la COVID-19 y "hoy se gasta en Dependencia el doble" de lo que gastó el Gobierno del PP.

El parlamentario socialista ha destacado el incremento desde el año 2015 del presupuesto de Bienestar Social, que llegará el próximo año a los 900 millones de euros y que incluye incrementos en "todos y cada uno de los programas".

Y ha incidido en que "cuando lo que se hace en política es incrementar los presupuestos en materia social, en vez de aplicar recortes injustos sobre lo más débiles, se obtienen resultados muy diferentes".