Región

Detectan riegos ilegales en 200 hectáreas de campo de Albacete y Cuenca

En total, las extracciones de agua pueden suponer daños al dominio público hidráulico que superarían 80.000 euros.

15 julio, 2022 16:16

La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha detectado 200 hectáreas de regadío ilegal en tres localidades de Albacete y Cuenca, cuyos daños al dominio público hidráulico han cifrado en más de 80.000 euros.

En un comunicado público, la CHJ ha explicado que han llevado a cabo una redada para tratar de detectar este tipo de prácticas ilegales y que se han descubierto 60 hectáreas de pistacho en Mahora (Albacete), 40 hectáreas de almendro y viñedo en La Gineta (Albacete) y 120 hectáreas de viñedo en El Peral (Cuenca) que estarían regándose de forma ilegal, y cuyas sanciones, en su caso, podrían alcanzar los 500.000 euros.

Por otro lado, ha informado que se han descubierto sendas plantaciones de cítricos sin concesión en los términos de Algar de Palancia, Soneja y Alfara de la Baronía (Castellón), que supondrían unos daños al dominio público hidráulico que rondarían los 20.000 euros.

Contadores manipulados

En todos los casos, los titulares de las fincas han colaborado con el personal de policía de aguas por lo que no ha resultado necesaria la intervención de la Guardia Civil, con la que se estaba en contacto permanente.

Por otra parte, en un operativo paralelo, se han detectado diversos contadores que presuntamente habrían sido manipulados, pudiendo por ello sus titulares ser autores de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En su caso, las sanciones serán tipificadas como graves, con multas entre 50.000 y 500.000 euros, y podrán conllevar la tramitación de las extinciones de los derechos al uso del agua para estos aprovechamientos.

Las zonas de actuación de este operativo específico se han centrado en los municipios conquenses de Villanueva de la Jara e Iniesta.

La nota ha concluido que se trabaja en "concienciar a los usuarios del agua" y que se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad "en su correcto uso", al entender que "este tipo de comportamientos fraudulentos redundan en el perjuicio de todos" y, fundamentalmente, "comprometen la sostenibilidad y el mantenimiento de las masas de aguas subterráneas y superficiales, así como de los ecosistemas asociados a las mismas".