Así serán las nuevas oposiciones para la administración de Castilla-La Mancha con 2.332 plazas

Los exámenes para las oposiciones a la administración general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comenzarán en la segunda semana de septiembre, unas pruebas para las que se han recibido 74.828 solicitudes para 2.332 plazas convocadas.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para dar a conocer las principales cifras de la oferta pública de empleo de 2.332 plazas en administración general de la Junta, cuya convocatoria se publicó el pasado 22 de diciembre.

Del total de estas plazas, 1.842 corresponden a las ofertas ordinarias de 2021 y 2022, y 490 son plazas correspondientes a la oferta extraordinaria de estabilización. Ambas contarán con reserva de plazas para personas con discapacidad.

Se han recibido 74.828 solicitudes, lo que significa una media de 32 aspirantes para cada plaza.

La oferta extraordinaria de 490 plazas de estabilización se va a desarrollar mediante las modalidades de concurso-oposición y concurso.

Priman los años de presentación

Para la fase de concurso, ha explicado el consejero, se va a primar al máximo los años de prestación de servicios en la administración regional, que se va a valorar 2,5 veces más que el tiempo prestado en otras administraciones públicas, al igual que también se va a valorar de forma sustancial haber aprobado alguno de los exámenes de anteriores convocatorias de la Junta.

El calendario de la oferta pública de empleo es el siguiente: a finales de marzo se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos y en mayo el listado definitivo; a principios de julio se darán a conocer las fechas y lugares de los exámenes; y en la segunda quincena de septiembre darán comienzo las pruebas.

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que ya están en posesión de sus puestos todos los aprobados en las oposiciones para 1.583 plazas en la administración general de la Junta.

En ese proceso, 1.521 plazas han sido cubiertas. De ellas, una mayoría son mujeres con 1.012 (el 67 por ciento) frente a 509 hombres (33 por ciento).

El 93 por ciento de los aprobados, un total de 1.410, son residentes en Castilla-La Mancha, y el 44 por ciento (510) ya eran interinos que trabajaban en la administración general de la Junta de Comunidades.

La edad media de estos nuevos funcionarios es de 41 años y del personal laboral 45, lo que supone que se rejuvenece en 10 años la edad media de los trabajadores de la Junta.

Estabilidad a las plantillas

Ruiz Molina ha señalado que, desde que llegó al gobierno Emiliano García-Page hace dos legislaturas se han creado en la administración general de la Junta 3.543 plazas, lo que otorga estabilidad a las plantillas.

También ha destacado que con todos los procesos de empleo público, la región estará muy por debajo de la tasa del 8 por ciento de interinidad.

Contando también las oposiciones en sanidad y educación desde 2016, al terminar el 2023 se habrán superado las 24.000 plazas de empleo público, lo que supone una media de 3.000 plazas por año.

El consejero ha subrayado que con esos procesos de empleo público se logran varios objetivos: blindar las plantillas, favorecer la promoción interna y la incorporación de personas con discapacidad, ofrecer empleo en la administración y, con todo ello, mejorar los servicios públicos.

Reducción del IVA

En otro orden de cosas, el consejero ha afirmado que la reducción del IVA en la cesta de los alimentos básicos debe ir acompañada con una compensación a las comunidades autónomas.

Preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, ha indicado que se ha dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer esa valoración.

Ruiz Molina ha explicado que, según la Ley Orgánica de Finalización de las comunidades autónomas, cualquier decisión que adopte el Estado en este sentido "debe ir acompañado de la necesaria compensación a las finanzas" de las regiones.