El presidente de Vox en Castilla-La Mancha y primer teniente de alcalde en Talavera de la Reina (Toledo), David Moreno, ha denunciado este martes la existencia de un "mercado negro de empadronamientos" en la región, aunque no ha ofrecido datos concretos que permitan cifrar la magnitud del problema.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede nacional del partido en Madrid, en la que ha participado junto a otros concejales de ayuntamientos donde se han hallado casos de empadronamiento ilegal, ha asegurado que hay personas que se empadronan "de forma fraudulenta" en distintas localidades castellano-manchegas "para conseguir los beneficios y ayudas sociales", alertando de que esta situación genera un "efecto llamada que hay que detener de inmediato".

Así, Moreno ha informado de que el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha instando a inspeccionar "los padrones municipales y detectar situaciones de ilegalidad y fraude, con especial revisión de los inmuebles que tengan más de 10 personas empadronadas sin vínculos familiares".

Supresión de ayudas

Igualmente, ha exigido al presidente del Gobierno castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, la "suspensión inmediata de ayudas sociales, como la renta social básica, a aquellas personas que hayan sido detectadas como empadronadas de manera fraudulenta".

Durante la rueda de prensa, Moreno ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina observó "sospechas de empadronamientos ilegales" llevados a cabo durante el mandato de la anterior Corporación, liderada por el PSOE, por lo que se decidió informar a la Policía Nacional.

Los agentes, tras la pertinente investigación, detuvieron a ocho personas "por empadronar ilegalmente a 289 extranjeros mediante una mafia criminal organizada que cobraba entre 500 y 5.000 euros por los trámites, con el objetivo de que los inmigrantes ilegales pudieran percibir ayudas sociales".

Por último, Moreno ha señalado que Vox, en los ayuntamientos que gobierna, ha propuesto una serie de "medidas contundentes contra los empadronamientos ilegales", tales como inspecciones y visitas domiciliarias, la puesta en marcha de canales de denuncias anónimas, sanciones contra los fraudes y la retirada de ayudas públicas a las personas empadronadas fraudulentamente.