La propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria en las Cortes regionales, blinda a Toledo como capital autonómica. La nueva redacción de artículo 5 de la norma institucional básica de la comunidad, pactada por los grupos parlamentarios socialista y popular tras un año de negociaciones, señala textualmente en su punto primero que “la capital de la comunidad autónoma es la ciudad de Toledo, sede de las Cortes y del Gobierno”.

Su apartado dos también recoge que Albacete es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Por último, señala que las demás instituciones de la Comunidad Autónoma podrán establecerse en cualquiera de los municipios de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido por las leyes.

Aunque la Ley de la Sede de las Instituciones Regionales de la Junta de Castilla-La Mancha -que fue aprobada el 7 de diciembre de 1983 por 27 votos a favor del PSOE , 3 en contra de los diputados populares por la circunscripción de Cuenca y 12 abstenciones del resto del Grupo Popular-, fija, en su artículo único, que la sede de las Cortes y del Gobierno se encuentra en Toledo, las sucesivas modificaciones del Estatuto, la última aprobada de mayo de 2014, no han recogido expresamente que la ciudad de las Tres Culturas ostente la capitalidad.

Una elección no arbitraria

El Diario de Sesiones de aquella fecha recoge las razones que llevaron al Ejecutivo presidido por José Bono para decantarse por Toledo. El consejero de Educación y Cultura de esa primera legislatura, José María Barreda, explicaba la fijación que la sede de las Cortes y del Gobierno “era dar un paso importante hacia esa construcción de Castilla-La Mancha que todos deseamos”. Una elección que, argumentó, no fue arbitraria. “No ha sido un tema ideológico, sino político”, sentenció

En este sentido, recordó al resto de diputados regionales que el Gobierno regional había tenido en cuenta “las opiniones de los sectores y fuerzas representativas de Castilla-La Mancha”. Además, también se encargó un estudio de opinión pública para conocer el sentir mayoritario de los castellano-manchegos.

La encuesta, realizada a 2.000 personas y que contaba con un margen de error de más-menos el 2%, proporcionó los siguientes resultados: un 31% de los encuestados contestó que la ciudad que debía albergar la capital de la región era Toledo. Ciudad Real obtuvo el 17% de los apoyos, Albacete el 16%, Cuenca el 8%, Alcázar de San Juan el 7% y Guadalajara el 6%.

"No es irracional"

“¿Qué razones habría para llevar la contraria a la mayoría de la población? La única razón para no hacer caso de esta opinión es que fuera irracional, que fuera poco lógica o que fuera inviable, pero señorías convengan conmigo en que no es poco loco, no es irracional y no es inviable que la sede de las instituciones esté en Toledo”, sentenció Barreda.

Asimismo, durante su intervención revelaba que para tomar la decisión también se tuvieron en cuenta informes de carácter técnico.

“Los estudios de transporte, de accesibilidad, de conectividad interna, de infraestructuras viarias y urbanas conducían también hacia la ciudad de Toledo”, zanjaba el por entonces consejero de Educación y Cultura, que 21 años después llegaría a ser presidente de Castilla-La Mancha.

"Un orgullo"

Por su parte, el alcalde de la capital castellano-manchega, Carlos Velázquez, se ha hecho eco de esta noticia a través de las redes sociales. "Es un orgullo que el nuevo Estatuto de Autonomía ratifique a Toledo como la capital de Castilla-La Mancha", ha expresado el regidor.