Teresa Ribera ratifica que las futuras reglas de explotación no recogerán incrementos en el trasvase

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha vuelto a dejar claro a los gobiernos de Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia que las futuras reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que está ultimando su ministerio no recogerán incrementos en los envíos de agua hacia el Levante.

Así se lo ha hecho saber a los consejeros del ramo de estas cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP que con anterioridad habían envíado una carta a la ministra alertando de las "graves consecuencias" que generará un recorte de los envíos a la economía de las regiones levantinas que se benefician del trasvase.

En la misiva de respuesta, Ribera les explica que las nuevas reglas sobre las que se regirá el trasvase Tajo-Segura tendrán que adecuarse al Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 aprobado el año pasado en el que se fijan los caudales ecológicos del río como marcan la normativa y las sentencias del Tribunal Supremo. 

Ante esta realidad, la vicepresidenta tercera señala que no le cabe "ninguna duda de que el Gobierno de España contará con la cooperación, sin perjuicios ni reservas, de los gobiernos autonómicos" de estas comunidades "en el escrupuloso cumplimiento de la Ley y acatamiento de las decisiones judiciales, en lo que atañe a una correcta y adecuada gestión hidrológica en el conjunto del territorio", según recoge Europa Press.

"Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas, las restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias", ha apuntado Ribera, quien también destaca que siempre se tendrán en cuenta "los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio".

En este sentido, recuerda que de las disposiciones y la normativa europea "se desprende la obligación de contar con caudales ecológicos que, como bien saben, no fue respetada en los ciclos de planificación anteriores".

"No cabe, por tanto, hablar de incrementos sino de determinación obligatoria de los mismos ejecutando las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo", ha subrayado la ministra, quien recuerda que la ausencia de estos caudales en la planificación anterior fue la que determinó su nulidad en el Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021.

Sentencias del Tribunal Supremo

Es aquí, en el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre los caudales ecológicos donde "está limitado a los usos y demandas existentes en el ámbito de planificación correspondiente, no teniendo los usuarios de las aguas trasvasadas a otros ámbitos de planificación la consideración de usuarios de la cuenca hidrográfica del Tajo", advierte la ministra.

Asimismo, subraya que durante el proceso de planificación "se han atendido y contestado todas las observaciones, propuestas y sugerencias recibidas, con independencia de su origen de procedencia".

No obstante, la ministra recuerda a las cuatro comunidades gobernadas por el PP que más allá del "procedimiento de consulta pública ordinaria prevista en la Ley", se ha atendido la petición de "recibir todas las aportaciones técnicas de las Comunidades Autónomas", para su valoración a la hora de desarrollar las previsiones del Plan Hidrológico Nacional.

En ese punto, hay que el MITECO reunió a todas las comunidades autónomas afectadas en un encuentro en el que les emplazó a aportar sus alegaciones a la futura normativa. Fue aquí donde Castilla-La Mancha elaboró un informe técnico en el que se pide garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos y la prioridad de la cuenca cedente.

Sobre este documento, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, aseguraba que era el único informe técnico presentado junto además del elaborado por el MITECO, puesto que bajo su punto de vista las alegaciones presentadas por los gobiernos de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía eran "exclusivamente políticas y económicas".