Las nuevas "entidades colaboradoras" de Castilla-La Mancha llegan para externalizar servicios públicos, según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el Gobierno de Emiliano García-Page, a través de la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha, abre la puerta a que empresas privadas asuman tareas propias de los empleados públicos y "blinda legalmente una futura privatización de los servicios públicos".

Según CSIF, el anteproyecto de esta ley incluye en su justificación que pretende fomentar "una mayor eficiencia en las relaciones entre la Administración, la ciudadanía y el tejido empresarial y social de la región", facilitando la "introducción en la normativa autonómica de figuras de colaboración público-privada". Una referencia que para el sindicato supone un "ataque directo" a los servicios públicos y a los empleados que los sustentan.

En su título IV, el anteproyecto incluye la creación de las llamadas entidades colaboradoras, que podrán encargarse de tareas de "comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración regional", recuerda CSIF.

Estas funciones afectan a sectores como los servicios sociales, la sanidad, el urbanismo, la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, la promoción empresarial, el empleo, la formación profesional y el turismo, entre otros. Además, se incluye la posibilidad de que esta colaboración privada se extienda a "cualquier otra materia competencia de la Administración regional", advierte el sindicato.

"Quita funciones"

Victoria Ortiz, secretaria de Negociación de CSIF Castilla-La Mancha, ha explicado que "el Gobierno regional está blindando legalmente una futura privatización de los servicios públicos". Ortiz ha advertido que "estas empresas privadas van a llevar a cabo procesos que competen a los propios empleados públicos". Según la representante sindical, esta medida sustituye la opción de reforzar las plantillas públicas por una fórmula que "permite a empresas realizar actas, informes o certificaciones", lo que, a su juicio, "quita funciones a la Administración".

El sindicato también ha señalado que la normativa introduce una delegación de responsabilidades en estas entidades colaboradoras, ya que serán ellas las encargadas de asumir cualquier reclamación de la ciudadanía. Para ello, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de un millón de euros. Sin embargo, para CSIF esta solución no evita las consecuencias negativas de "permitir que áreas tan sensibles como la sanidad o los servicios sociales puedan ser gestionadas por intereses privados".

CSIF ha afirmado que luchará para evitar que este anteproyecto se convierta en una ley que implique "la privatización progresiva de los servicios públicos de Castilla-La Mancha". Según Ortiz, "lo que necesitan los ciudadanos no es la externalización de sus derechos, sino un refuerzo de las plantillas y recursos públicos que garanticen una atención de calidad".