El Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete se ha mostrado disconforme con la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve colegios de abogados, e interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, ha ofrecido una rueda de prensa para mostrar la disconformidad de dicha institución colegial con la sanción impuesta por La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "ante la denuncia impuesta por Bankia, por una supuesta recomendación colectiva sobre precios de los honorarios para pleitos por la salida a Bolsa de la entidad bancaria".

A este respecto, Albino Escribano ha subrayado que "los colegios de abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios, ni en éste, ni en otros casos, ya que los honorarios de los letrados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria".

La resolución de la CNMC va en contra, no solo de la Ley y de la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, sino que también supone una modificación de la inicial propuesta de resolución emitida por el órgano de instrucción, ha informado este colegio en nota de prensa.

El Consejo de la CNMC "decidió desoír" la 'Propuesta de Resolución de Archivo' emitida por la propia Dirección de Competencia de la CNMC, que instruyó el asunto, y dictó un Acuerdo de Recalificación "por infracción muy grave".

Esta resolución no es firme y el Colegio de la Abogacía de Albacete, al igual que otros de los nueve colegios sancionados, ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en la que los Colegios contarán con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que espera que "las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC".

El expediente abierto por la CNMC, tal y como ha recordado este colegio, "tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores, que tuvieron que acudir a los juzgados como única forma de resarcirse de la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011".