Exigen la "expulsión inmediata" de una de las contratas del Sescam en Guadalajara

CCOO ha registrado este miércoles en la delegación de la Junta en Guadalajara un escrito de denuncia de la empresa Ariete Seguridad, contrata de Seguridad de gran parte de los centros sanitarios del Sescam en la provincia desde 2014, con sucesivas renovaciones. El sindicato exige al Gobierno regional la inmediata resolución del contrato con esta empresa.

La denuncia del sindicato detalla los numerosos incumplimientos del pliego de condiciones en los que viene incurriendo Ariete Seguridad desde la última renovación de su contrato con el Sescam, en agosto de 2017, ha informado CCOO en nota de prensa.

Del mismo modo, recoge las "continuas agresiones" a los derechos de los trabajadores en materia de salud laboral, formación, equipamiento; a lo que añade desde el pasado 1 de enero la aplicación "unilateral" de un recorte salarial mensual de entre 180 y 200 euros a los 22 vigilantes encargados del servicio, "lo supone una evidente y gravísima modificación sustancial de las condiciones de trabajo".

Ariete Seguridad, que tiene encomendada la vigilancia y seguridad de los centros sanitarios adscritos a la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Guadalajara --Hospital Universitario, Instituto de Enfermedades Neurológicas, Centro de Especialidades de Azuqueca, Unidad de Agudos de Adolescentes (UCA) y Salud Mental; Centro de Salud Manantiales-- ha comenzado a aplicar a su plantilla un convenio propio de empresa, "lo que agrade claramente a los derechos de los trabajadores y contraviene sus obligaciones contractuales con la Junta", denuncia la responsable de CCOO-Construcción y Servicios en Guadalajara, Fátima Pacheco.

Acuerdo de Estabilidad de Contratas

Pacheco ha recordado que el Acuerdo de Estabilidad en las Contratas firmado por el Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT en julio de 2017 obliga a la Administración a incluir en todos los pliegos la obligación de las empresas de aplicar a sus plantillas los convenios colectivos sectoriales, y en todo caso los más favorables para los trabajadores.

Además, el Gobierno regional se compromete a adoptar medidas, incluida la resolución del contrato, contra aquellas empresas incumplidoras. "Este es el caso de Ariete Seguridad, que en agosto de 2017 volvió a renovar la adjudicación del servicio con la condición de aplicar el convenio del sector, pero que cuatro meses después ha empezado a aplicar el suyo propio, en perjuicio de los salarios y de los derechos de sus trabajadores", añade.

"Pero la relación de incumplimientos de Ariete incluye además dos largas listas de infracciones administrativas y laborales", indica el sindicato, que añade que además de la resolución del contrato con Ariete Seguridad, reclama "la reposición con carácter retroactivo de los derechos económicos de los trabajadores" que la empresa ha dañado al recortarles sus nóminas entre 180 y 200 euros.