El juez cita a un miembro del Gobierno regional por el cierre de iDental en Albacete

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha convocado este jueves a una reunión a los representantes de las comunidades autónomas con pacientes afectados por el caso de las clínicas iDental, junto al Ministerio de Justicia y la Fiscalía para coordinar actuaciones en la gestión del macro proceso, que cuenta ya con 200 piezas abiertas por todo el país.

Al encuentro, convocado a las 10.30 horas en la sede de la Audiencia Nacional, están llamados, en concreto, los responsables de las consejerías de Sanidad, Salud Pública o Consumo de todas las comunidades autónomas a excepción de Baleares, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Según explican en la Audiencia Nacional, el Ministerio ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de esta macro causa, que cuenta ya con 200 piezas abiertas correspondientes a las diligencias incoadas en juzgados de diferentes provincias, aunque se prevé que lleguen a superar el millar, y cuyos afectados se cuentan en "varias decenas de miles".

El objetivo de la reunión es "fijar las directrices de la custodia y tramitación" por parte de las comunidades autónomas de las historias clínicas de los afectados bajo supervisión de la Audiencia Nacional. Asimismo, se solicitará a los ejecutivos regionales que recopilen y envíen "determinados conjuntos documentales" relacionados con la causa.

Cobros anticipados, personal no cualificado...

El magistrado investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

De la Mata asumió la instrucción el pasado 26 de julio, a raíz de una denuncia de afectados en Andalucía. Un día más tarde, coordinó una operación policial con registros en 17 clínicas de iDental en 8 comunidades autónomas, así como la sede de la sociedad de inversión que adquirió este grupo empresarial para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.

Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos si bien ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios.

Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, "los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".